Rusia: detuvieron a la mayor defensora de los derechos de los inmigrantes y amenazan con deportarla

Las autoridades rusas han detenido y amenazan con deportar a la mayor defensora de los derechos de los inmigrantes en este país, Valentina Chupik, cuya organización recibe financiación del extranjero.

“Me encuentro desde el viernes por la noche en un centro de reclusión en el aeropuerto de Sheremétievo” en Moscú, comentó Chupik a la agencia EFE en conversación telefónica.

Chupik, que ofrece asistencia jurídica a los inmigrantes en Rusia desde 2006, fue apresada a su regreso de Armenia.

“Un agente del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) me dijo: ´¿Pero qué esperaba usted? Usted ha denunciado continuamente la corrupción en el seno de la Policía rusa. Ha presentado numerosas quejas contra los agentes. Ellos también se quejan. Debemos tomar medidas”, dijo.

La activista, oriunda de Uzbekistán, teme que le deporten a esa república centroasiática, de la que tuvo que huir por motivos de seguridad.

“Me han requisado todos los documentos y amenazan con deportarme a Uzbekistán. Ya me han escrito varias personas desde allí diciéndome que al fin podremos llevarte a un sótano”, señala, en alusión a posibles torturas.

Cree que su vida corre peligro si vuelve a su país, aunque lo que más teme es que le impidan ejercer su labor al frente de la organización Tong Jahoni, que considera su “vocación”.

“No sé si me matarán. Lo que buscan es impedirme seguir haciendo mi trabajo. Si no me matan, seguiré ayudando a la gente. La defensa de los derechos humanos es mi vocación. No es un negocio, yo no gano dinero”, subraya.

El motivo formal para su detención es que Chupik presentó documentos falsos para vivir en Rusia como refugiada, algo que ella niega categóricamente, aduciendo que se somete anualmente a numerosas comprobaciones.

Cree que su única salida es que aparezca “un tercer país seguro”, que acepte darle asilo, aunque lo ve complicado ante la falta de documentos de identidad.

“No me dejan reunirme con mi abogado. Es cuestión de minutos. Me pueden deportar en cualquier momento. Nos hemos dirigido a la embajada de Francia, pero aún no han tomado una decisión”, apunta.

Además denunció que la Policía se ha personado en el domicilio donde vive su madre de 84 años, en busca de supuestos documentos condenatorios.

Chupik, que reconoció haber recibido la última beca de Caritas Francia, denunció en su momento a EFE que los inmigrantes son objeto diario de extorsión por parte de la policía rusa, abusos que se recrudecieron durante la pandemia y que pueden alcanzar varios cientos de dólares.

“En los 2000 los enemigos de la policía eran los caucásicos. Desde hace diez años los enemigos son los inmigrantes procedentes de Asia Central”, señaló.

Human Rights Watch denuncia “castigos burocráticos draconianos”

Las autoridades rusas han impuesto “castigos burocráticos draconianos y arbitrarios” a tres activistas de Derechos Humanos, entre los que se encuentra Chupik, y las respectivas organizaciones a las que pertenecen. Una de estas organizaciones ha sido incluida en el listado de “organizaciones extranjeras indeseables”.

“Las autoridades rusas se han hecho con una amplia variedad de herramientas para intimidar, marginar y castigar a los defensores de los Derechos Humanos”, se ha lamentado el director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson.

“En los últimos meses las autoridades rusas han intensificado las medidas para silenciar las voces independientes”, ha advertido HRW. El Parlamento ruso ha aprobaco varias leyes que permiten adoptar represalias aún mayores que afectan a la libertad de expresión, asociación y reunión, según HRW.

“Los casos de Chupik, Kaliapin y Astreya forman parte de un esfuerzo mucho más amplio para eliminar la crítica a las autoridades rusas”, ha asegurado Williamson, que pide por ello que se retiren las medidas adoptadas. “Estos defensores de los Derechos Humanos están haciendo un trabajo importante para proteger los derechos de la gente en Rusia y las autoridades deberían facilitar su trabajo, no castigarlo”, ha remachado.

Chupik

El pasado 24 de septiembre la activista Valentina Chupik no pudo entrar en el país tras llegar al Aeropuerto de Sheremetievo de Moscú. Chupik es la asesora legal de la Asociación Uzbeka de Moscú y la directora de Tong Jahoni (Amanecer al Mundo), un grupo de defensa de los derechos de migrantes y refugiados.

La organización tiene un teléfono gratuito de atención legal a migrantes, da asistencia legal gratuita a migrantes detenidos y visita los centros de detención y denuncia sus condiciones. En la nota entregada a Chupik se le prohíbe la entrada en el país durante 30 años.

Chupik consiguió la concesión del estatus de refugiada en 2009 tras huir de Uzbekistán tras la masacre de Andiyán de 2005. La nota le informa de la retirada de la condición de refugiada por incumplir las condiciones de la concesión y está firmada por el Ministerio del Interior.

“La repentina decisión y el veto durante 30 años apuntan a que la decisión no se basa en un proceso administrativo rutinario, sino en un gesto arbitrario y punitivo en respuesta a su trabajo”, ha denunciado HRW.

Astreya

Por otra parte, el 23 de septiembre el grupo de defensa de los Derechos Humanos Astreya recibía una citación judicial para la disolución de la organización. Astreya ha ganado varios casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por torturas, desapariciones forzosas, asesinatos extrajudiciales y violencia por género principalmente en la región del Cáucaso Norte.

El Ministerio de Justicia ruso alega que la fundadora del grupo presentó documentación al Ministerio en 2020 y 2021 pidiendo cambios de domicilio y en la dirección del grupo sin estar físicamente en el país. “Es una represalia por el exitoso trabajo del grupo en favor de las víctimas”, según HRW.

Astreya colabora con la Fundación Iniciativa por la Justicia (SJI), una agrupación de organizaciones legales y abogados de Derechos Humanos que trabajan fundamentalmente en Rusia y que han representado a miles de víctimas de violaciones de Derechos Humanos en Rusia y otros países de la región.

En diciembre de 2020 las autoridades rusas revocaron el permiso de residencia de la directora de la SJI por suponer una “amenaza a la seguridad nacional” y ordenaron su expulsión.

Comisión contra la Tortura de Rusia

El pasado 17 de septiembre un tribunal impuso una multa de 10.000 rublos (unos 117 euros) a Igor Kaliapin, presidente de la Comisión Contra la Tortura de Rusia por incumplimiento de la ley de organizaciones extranjeras.

La organización de Kaliapin es uno de los grupos más importantes de Rusia que trabaja en la documentación de casos de tortura y pide justicia para las víctimas. Ha conseguido más de 150 condenas a agentes de las fuerzas de seguridad por torturas y delitos parecidos.

En 2007 ganó uno de sus casos más famosos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que se condenó al Gobierno ruso a pagar 250.000 euros en daños a un superviviente de torturas.

Ahora las autoridades acusan al grupo de “distribuir materiales” de una organización humanitaria checa, Gente Necesitada (PIN), considerado “indeseable” en Rusia desde 2019. El Comité publicó en 2017 que PIN había reconocido con un premio a Kaliapin por su trabajo. El artículo contenía una fotografía y un enlace a la página de la organización checa.

(Con información de EFE y EP)

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