Elecciones clave y atípicas en Galicia y el País Vasco: cómo se reconfigura el mapa del poder en España

Este domingo se celebran unas elecciones atípicas en dos regiones estratégicas del norte de España: Galicia y País Vasco. La pandemia obligó a retrasar el llamado a las urnas previsto para abril y ahora los rebrotes del Covid-19 amenazan con disparar la abstención. En juego no está sólo el inestable equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional sino la estrategia del país para afrontar una crisis económica que podría ser peor que la recesión de 2008.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha reclamado estos días a la Unión Europea un “Plan Marshall” para la recuperación de sus países miembros (especialmente los del sur del continente) pero sabe que sin unos presupuestos generales aprobados (España todavía arrastra los del anterior gobierno conservador del Partido Popular) su margen de maniobra será más estrecho.

En el complejo juego de pactos que el líder socialista necesita para sacar adelante los presupuestos juegan un papel esencial estas elecciones autonómicas, donde Sánchez se ha volcado pese a que sus candidatos no parten como favoritos.

Un factor que históricamente ha sido determinante en Galicia es el voto de los electores que viven fuera del país, especialmente en América Latina. Pero este año se da una paradoja: el voto externo apenas tendrá influencia en los resultados pese a que nunca hubo tanta población gallega viviendo en el extranjero. Aquí van explicadas esta y otras claves de las elecciones regionales en España.

Las cifras de los votos desde América Latina

No es casualidad que en varios países de Latinoamérica a los españoles se les conozca como “gallegos”: más del 17% de los electores de esta comunidad viven fuera de España, especialmente en países de la región como Argentina (donde hay 165.762 gallegos con derecho a voto), Brasil (43.158), Cuba (41.772), Uruguay (36.666), Venezuela (28.898) y México (12.549).

Pese a que estos electores que cruzaron el Atlántico no cuentan con ningún parlamentario que les represente, suman más votos que dos de las cuatro ciudades de la comunidad gallega, como Lugo y Ourense. Quizá por eso a Argentina se la conoce en Galicia como “la quinta provincia”. Si tuvieran un peso proporcional a sus números, los gallegos en el exterior contarían con una veintena de escaños en su poder (hacen falta 38 para la mayoría absoluta).

La gran oleada de migración gallega a América Latina ocurrió durante los años 40 y 50 del siglo pasado, con la llegada de la dictadura franquista tras la Guerra Civil. “Los que siguen votando en España son algunos de esos supervivientes, que hoy tienen más de 80 años, y sus hijos y nietos que ya nacieron fuera pero siguen vinculados con sus orígenes”, explica a Infobae Alejandro López Dobarro, delegado de la Xunta de Galicia en Argentina y Uruguay.

Dice que las elecciones gallegas siguen despertando interés en Argentina, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires y en ciudades próximas a la capital como Mar del Plata y Rosario. “Los partidos tradicionales como PSOE y PP cuentan acá con simpatizantes que se reúnen en las sedes o en bares, que participan en la pega de carteles y el día de las elecciones esperan juntos los resultados”, cuenta López Dobarro.

Por su parte, la comunidad vasca que vive fuera de España no es tan relevante en el cómputo global de estas elecciones autonómicas: apenas supone un 4% del electorado con cerca de 76.000 personas con derecho a voto repartidas entre la vecina Francia y países latinoamericanos como Argentina, México y Chile, además de Estados Unidos.

El voto rogado: una trampa electoral

Sobre el papel, los gallegos inscritos en el CERA (el censo electoral de los residentes ausentes) podrían decidir las elecciones gallegas. Pero la realidad es otra: aunque su número cada vez es mayor su relevancia nunca fue tan anecdótica.

La clave está en 2011, cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la ley electoral con el apoyo del PP como líder de la oposición y de los dos partidos nacionalistas mayoritarios, los vascos del PNV y los catalanes de CIU.

Desde entonces la abstención de los electores que viven fuera se ha disparado (ya sea por decisión propia o por la imposibilidad de votar): en las autonómicas de 2016 alcanzó el 97,6%. Mientras antes votaban uno de cada tres emigrantes españoles, desde que se impuso la fórmula del voto rogado hace casi una década apenas votan tres de cada 100.

“La idea de fondo era correcta, la de garantizar la transparencia de los votos y evitar el fraude electoral, pero en la práctica lo que han conseguido es desanimar al votante, que se tiene que enfrentar hasta a tres trámites burocráticos en un plazo muy corto para poder participar en cualquier tipo de elecciones en su país de origen, ya sean generales o autonómicas”, explica Alejandro López Dobarro.

Tanto los electores gallegos como los vascos que deseen votar este domingo antes deberán haber solicitado su derecho a voto (de ahí el término rogado, porque lo tienen que rogar ante las instituciones), recibir por carta la aprobación y después entregar las papeletas. “Muchas veces los permisos llegan después de los plazos”, denuncian desde la oficina de la Xunta de Galicia en Argentina y Uruguay.

No está claro a quién benefician o perjudican estas trabas burocráticas, pues partidos españoles de diversas corrientes llevan años solicitando un cambio en el sistema para los electores que viven en el extranjero, una demanda que ha liderado la plataforma que defiende los derechos de los emigrantes nacionales Marea Granate.

Este año, además, este voto externo se verá previsiblemente mermado por las restricciones de movimientos por la pandemia, que registra sus peores cifras estos días en parte de América. En distintas ciudades los electores necesitarán un permiso oficial para desplazarse si quieren votar en el consulado correspondiente.

Los favoritos

Tanto en Galicia como en País Vasco las encuestas favorecen con claridad a dos candidatos: el líder del PP gallego Alberto Núñez Feijóo, que lograría su cuarta mayoría absoluta consecutiva desde 2006 igualando al histórico ‘popular’ Manuel Fraga, y el representante del PNV (el partido nacionalista, de tendencia conservadora), Íñigo Urkullu, quien preside el gobierno vasco desde 2012 y podría conseguir el mejor resultado para su formación en cuatro décadas.

Más allá de quién sea el vencedor, entre bambalinas los partidos han usado estas elecciones para orientar sus estrategias nacionales en el nuevo contexto por la emergencia sanitaria de la pandemia y la crisis económica que ha ocasionado. Lo que suceda en Galicia y País Vasco no es más que el inicio de un rediseño del mapa político nacional.

Mientras el PSOE aspira a consolidar su alianza con el PNV en el gobierno vasco (y así contar con el apoyo de los nacionalistas en sus propuestas de Estado, como los presupuestos), su socio en el gobierno, el partido de izquierdas Podemos, pretende formar un eje progresista en País Vasco al que se sumarían los independentistas EH Bildu; una estrategia que tiene más de cálculo político (contentar a sus bases frente al desgaste que han sufrido durante el ejercicio del poder) que de realidad: ni PSOE ni Bildu están dispuestos a gobernar juntos.

Ciudadanos ha mostrado su cara más dialogante (el partido se encuentra en un viraje de regreso al centro tras fallar su estrategia de dar el ‘sorpasso’ por la derecha al PP) aliándose con los populares en el País Vasco y vendiéndose como “la única alternativa constitucionalista”. Al mismo tiempo el partido se muestra dispuesto a pactar con el PSOE de cara a los presupuestos.

Por su parte la extrema derecha de VOX afronta estas elecciones con la mira puesta en el futuro: consciente de su dificultad para alcanzar representación en estas dos comunidades (su masa de votantes está al sur del país, en Andalucía, y en ciudades del interior como la capital, Madrid), ha centrado su campaña en el País Vasco presentándose como supuestas víctimas del acoso de los independentistas que han intentado sabotear sus actos públicos. Igual que sucede con Ciudadanos, en Galicia su discurso “españolista” no cuaja y, en todo caso, ya está ocupado por el PP.

Relegado a un papel secundario en el País Vasco desde finales de los 90, cuando el terrorismo de ETA amenazaba a sus concejales, el PP apuesta todo por Galicia, donde parte como favorito frente a una hipotética alianza de izquierdas. El problema es que Feijóo, un político moderado que llegó a proponer un pacto de Estado con el PSOE, es una de las voces discordantes del partido frente a la estrategia de reforzar el arco por la derecha para neutralizar a VOX. Su victoria podría interpretarse como un caso aislado entre las bases nacionales del PP.

Sorpresas de última hora

En España hay ahora mismo cerca de 70 focos donde se han registrado rebrotes del Covid-19. De cara a las elecciones preocupa especialmente el de la región gallega de A Mariña (Lugo), donde hay confirmados casi 200 casos. Una decena de alcaldes de esa zona ha pedido al gobierno municipal que cancele las elecciones hasta que todos los ciudadanos puedan votar con seguridad.

El presidente gallego, el popular Núñez Feijóo que parte como favorito, insiste en que este es el momento de celebrar las elecciones, que “ir a votar es tan seguro como bajar al supermercado o a la farmacia”, y que más adelante seguirá habiendo riesgo de rebrotes. Los únicos que tienen prohibido votar (a no ser que lo hayan hecho antes por correo) son los que están infectados, que deberán permanecer aislados.

Más allá de este debate entre la seguridad ciudadana y el derecho al ejercicio democrático que ha marcado la agenda durante los últimos días antes de las votaciones, hay un par de cuestiones que podrían decantar la balanza a última hora de un lado u otro en ambas comunidades.

En el País Vasco es la sombra de la violencia independentista, ausente en la campaña electoral hasta que este jueves atacaron con pintura roja el panteón del político socialista Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista ETA en 2000. La agresión ha sido condenada por todas las fuerzas incluida EH Bildu, quien cuenta entre sus líderes con Arnaldo Otegui, antiguo miembro del grupo terrorista. Desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia en 2011 la sociedad vasca ha ido superando ese estigma, aunque todavía quedan asuntos pendientes como el perdón de los victimarios y la situación de los presos.

La polémica que ha salpicado el último tramo de la campaña en Galicia es, en realidad, una cuestión nacional: el juicio del Estado español contra los herederos de Franco por la propiedad de un pazo en Meirás (A Coruña), un palacete rodeado de naturaleza donde el dictador tenía su residencia de verano y se cree que podría haber sido adquirido de forma “fraudulenta” tras la Guerra Civil. Todas las fuerzas políticas (incluidos los conservadores del PP) están alineados en contra de la familia de Franco menos VOX, que ha intentado instrumentalizar este tema sin demasiada repercusión.

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