Cómo el coronavirus puede favorecer el crecimiento y la consolidación del autoritarismo

Bajo la premisa de luchar contra el avance de la pandemia, distintos líderes mundiales han implementado medidas que amplían drásticamente sus facultades. La posibilidad de que las retrotraigan es una incógnita

El primer ministro de Hungría, Víctor Orban. Foto: Zoltan Mathe/Pool via REUTERS
El primer ministro de Hungría, Víctor Orban. Foto: Zoltan Mathe/Pool via REUTERS

El avance del coronavirus en todos los rincones del mundo ha llevado a numerosos jefes de estado a expandir, en nombre del cuidado de la salud pública, sus capacidades ejecutivas de manera notoria.

Los ejemplos abundan: el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, puede a partir del lunes gobernar por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada; el gobierno interino de Jeanine Áñez, en Bolivia, ha pospuesto las elecciones; y en el Reino Unido, la administración conservadora tiene ahora la posibilidad de cerrar fronteras y puertos, prohibir manifestaciones y aislar personas por tiempo indefinido prácticamente sin tener que rendir cuentas.

En el debate público global existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de proveer a los gobiernos poderes acordes a los desafíos sin precedentes que presenta la pandemia.

Pero, al mismo tiempo, surgieron también voces que advierten sobre el peligro de que algunos gobiernos se valgan de la crisis para tomar potestades que poco tienen que ver con mitigar su avance, sin dar garantías de que no las usarán de manera autoritaria ni las retrotraerán una vez que pase la amenaza.

Podríamos ver una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas que sigan, o que sean consecuencia de la epidemia de salud”, dijo al New York Times la reportera especial contra el terrorismo y por los derechos humanos de la ONU, Fionnuala Ni Aolain.

Para ilustrar el argumento, el artículo provee ejemplos que explican cómo la pandemia ha redefinido ciertos paradigmas relacionados a la privacidad individual.

Singapur y Corea del Sur han implementado sofisticadas tecnologías para seguir el rastro de ciudadanos que contrajeron coronavirus. De esta manera, pueden identificar los lugares en los que estuvieron y las personas con las que estuvieron en contacto para mitigar la posibilidad de que estos se conviertan a su vez en focos de infección.

En otras circunstancias las medidas hubieran sido objeto de críticas. Pero ahora se las elogia como maneras efectivas de luchar contra la enfermedad.

No obstante, hay casos cuyos efectos han abandonado el terreno de lo potencial y se han vuelto tangibles. A nivel europeo, el caso que sobresale en el debate público es el de Hungría. Mediante su amplia mayoría en el Senado, el partido del primer ministro Víktor Orban declaró el estado de emergencia y le otorgó la potestad de gobernar por decreto por tiempo indeterminado. La ley permite al jefe de Estado extender el período de emergencia sin necesidad de aprobación parlamentaria.

Victor Orban. REUTERS/Bernadett Szabo
Victor Orban. REUTERS/Bernadett Szabo

Bajo este régimen, el gobierno puede “suspender la aplicación de ciertas leyes por decreto, desviarse de las disposiciones legales e introducir otras medidas extraordinarias”, con el objetivo de garantizar “la salud, la seguridad personal y material de los ciudadanos, así como la economía”.

Una de ellas, por ejemplo, contempla hasta cinco años de prisión por la difusión de “falsas noticias” sobre el virus o las medidas del gobierno. El criterio para determinar que constituye una “falsa noticia”, no obstante, queda a disposición del ejecutivo.

Los parlamentarios de la oposición que la semana pasada se negaron a aprobar el proyecto de ley bajo un procedimiento de emergencia han sido acusados de “traición”.

Tanto en Hungría como en el extranjero el texto que le concede esos amplios poderes es visto por sus opositores como un instrumento para consolidar el control del gobierno tomando la pandemia como pretexto. Críticos de Orban recordaron que, por ejemplo, un decreto aprobado hace cinco años para lidiar con la crisis migratoria sigue vigente.

Los ejemplos trascienden las fronteras. La llamada Ley Patriótica implementada en Estados Unidos luego de los ataques del 11 de septiembre, la cual amplió la capacidad de las agencias de seguridad gubernamentales para combatir el terrorismo, sobrevivió también en el tiempo.

El control sobre la información circulante ha sido otro de los principales objetos de interés. La agencia Reuters reportó sobre al menos siete episodios distintos donde personas que han llamado la atención sobre la falta de infraestructura sanitaria del régimen venezolano de Nicolás Maduro han enfrentado represalias.

Uno de ellos tuvo lugar el 15 de marzo, cuando agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) abdujeron al legislador Tony Geara poco después de que realizara una publicación en su cuenta de Twitter donde aseguraba que un hospital -supuestamente preparado para recibir pacientes con coronavirus- no tenía agua corriente.

Geara permaneció incomunicado durante dos días y cuando fue finalmente llevado a una audiencia, los fiscales lo acusaron de posesión de explosivos y tráfico de armas. El informe contiene una foto de un oficial que apunta a un rifle sobre el asfalto que, aseguran, estaba en el auto del legislador. Geara ha negado todos los cargos.

El dictador venezolano Nicolás Maduro. Foto: REUTERS/Manaure Quintero
El dictador venezolano Nicolás Maduro. Foto: REUTERS/Manaure Quintero

“Sabemos que Tony Geara, así como todos los presos políticos, son inocentes. Son rehenes de un régimen que solo usa la violencia y el terror contra los que quieren y luchan por la libertad”, dijo al respecto la parlamentaria Olivia Lozano.

Dos días antes, Julio Molinos, un técnico retirado y líder de un sindicato médico, detalló los numerosos faltantes que registran los distintos hospitales venezolanos e instó a las autoridades a ser transparentes. Dos días después fue arrestado por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Días después un juez dispuso que Molinos quede bajo arresto domiciliario por cargos de conspiración e incitación al odio y al pánico.

Luego de aprobar una “Ley de Defensa” de emergencia que expandió notoriamente sus capacidades, el primer ministro jordano Omar Razzaz aseguró que su gobierno “lidiaría firmemente” con aquellos que “esparcieran rumores o noticias falsas que causen pánico”.

En la misma línea se ha movido el jefe de Estado tailandés, Prayuth Chan-ocha, quien además de arrogarse la potestad de imponer toques de queda, puede también censurar a los medios. Según The New York Times, periodistas en el país han sido intimidados y recibieron demandas judiciales por criticar la respuesta del gobierno al brote.

En diálogo con el mismo medio, organizaciones de derechos humanos han indicado que los gobiernos podrían continuar absorbiendo poderes mientras los ciudadanos enfocan su atención en el avance de la pandemia. Y se mostraron preocupados sobre la posibilidad de que no adviertan la magnitud de los derechos cedidos hasta que ya sea tarde para recuperarlos.

Douglas Rutzen, presidente del Centro Internacional de Derecho Sin Fines de Lucro en Washington, condensó el concepto: “Es muy fácil hacerse de poderes de emergencia. Pero es muy difícil deshacerse de ellos”.

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