Un bebé es alzado hasta la embarcación de rescate de la ONG española Proactiva Open Arms, tras ser rescatado en el Mediterráneo Central a 72 kilómetros la costa de Libia. (AP Foto/Olmo Calvo, Archivo)
Un bebé es alzado hasta la embarcación de rescate de la ONG española Proactiva Open Arms, tras ser rescatado en el Mediterráneo Central a 72 kilómetros la costa de Libia. (AP Foto/Olmo Calvo, Archivo)

Una propuesta de decreto que formaliza el cierre de los puertos italianos a los grupos humanitarios que rescatan migrantes en el mar incumple el derecho internacional, según dijeron el domingo investigadores de derechos humanos de Naciones Unidas a las autoridades italianas.

El decreto parece ser "un nuevo intento político de penalizar las operaciones de búsqueda y rescate" que "agrava aún más el clima de hostilidad y xenofobia contra los migrantes", afirmaron los investigadores en una misiva al gobierno de Italia.

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, un populista estricto, ha prometido el decreto antes de las elecciones europeas de esta semana, en las que los partidos nacionalistas y opuestos a la inmigración esperan aumentar de forma considerable su presencia en el Parlamento Europeo.

La carta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que las medidas anunciadas violarían los derechos humanos de los migrantes, consagrados en las convenciones de la ONU. Italia, afirmó la misiva, está obligada a rescatar a migrantes en peligro y no puede impedir que otros lo hagan.

Salvini, uno de los líderes ultraderechistas de Italia (Reuters)
Salvini, uno de los líderes ultraderechistas de Italia (Reuters)

Salvini cerró los puertos a las ONG que salvan migrantes en el mar pues cree que, dado que en su gran mayoría son rescatados frente a Libia, deben ser trasladados a ese país en guerra, algo a lo que dichas organizaciones se niegan por el clima de violencia.

El primer artículo de esta propuesta establece multas a aquellas organizaciones o barcos que rescaten migrantes sin seguir las instrucciones de las autoridades de la zona donde tenga lugar el auxilio, casi siempre en aguas de competencia libia, o las de su país de bandera.

Las sanciones van de 3.500 a 5.000 euros por cada migrante que transporte, así como la suspensión de 1 a 12 meses o la cancelación de la licencia de navegación otorgada por las autoridades italianas.

La propuesta da más poderes al ministro de Interior en el control naval, permite el uso de las interceptaciones telefónicas para combatir las mafias de seres humanos, destina más recursos para las fuerzas del orden y propone medidas contra los clanes mafiosos.

Por el momento se trata solo de un anuncio, aunque Salvini ha dicho que le gustaría proponer el proyecto al Consejo de Ministros de esta semana, que debería votarlo y en el caso de aprobarlo, luego pasar al Parlamento para su conversión en ley.

(Con información de AP y EFE)