Recep Tayyip Erdogan ordenó cesar a más de 2.700 funcionarios públicos por presunta vinculación terrorista

Entre los cesados, figuran 637 militares y 105 universitarios. El presidente de Turquía también pidió el cierre de 17 instituciones, entre ellos dos periódicos

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Recep Erdogan continúa su persecución contra personas vinculadas a Fetullah Gulen (REUTERS)
Recep Erdogan continúa su persecución contra personas vinculadas a Fetullah Gulen (REUTERS)

El régimen de Recep Tayyip Erdogan continúa su persecución contra funcionarios tras el fallido golpe de Estado de 2016. Este domingo, el gobierno ordenó cesar a más de 2.700 personas que trabajan en instituciones públicas por su supuesta vinculación a organizaciones "terroristas".

Un total de 2.756 personas fueron depuestas de sus cargos en diferentes instituciones públicas, incluidos los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, según un decreto publicado en el boletín oficial.

Desde el intento de golpe del 15 de julio de 2016 el régimen turco instauró el estado de emergencia, medida que extendió en cinco ocasiones.

Entre los cesados este domingo figuran 637 militares y 105 universitarios.

El decreto precisa que los que caen dentro de esta decisión son miembros o están en relación con organizaciones "terroristas" o estructuras que actúan en contra de la seguridad nacional.

El régimen de Erdogan acusa a Fetullah Gülen de haber orquestado el golpe de Estado de 2016 (AFP)
El régimen de Erdogan acusa a Fetullah Gülen de haber orquestado el golpe de Estado de 2016 (AFP)

El decreto también ordena el cierre en el país de 17 instituciones, incluidos dos periódicos y siete asociaciones.

Un segundo decreto publicado el domingo prevé que los sospechosos acusados de haber actuado contra el orden constitucional deberán comparecer ante los tribunales.

Con el objetivo de acabar con lo que el presidente Erdogan llama el "virus" de la influencia del predicador islamista Fethullah Gülen, acusado de instigar el Golpe, las autoridades lanzaron una importante purga en los órganos del Estado.

Más de 55.000 personas fueron detenidas y más de 140.000 fueron cesadas o suspendidas en sus actividades desde julio de 2016.

Con información de AFP

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