Michel Temer, en la cornisa: la trama del juicio que puede hacer caer a otro Presidente de Brasil

La Justicia brasileña demostrará en las próximas semanas si está dispuesta a ir a fondo con su Mani pulite. Las delaciones premiadas de muchos de los acusados en los principales casos de corrupción evidencian que prácticamente toda la clase política está manchada. La próxima víctima puede ser Michel Temer, el presidente que asumió el 12 de mayo de 2016 tras la suspensión y posterior destitución de Dilma Rousseff por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas. Pero hay muchas dudas sobre la independencia de los jueces que deben resolver la situación del mandatario.

Temer fue el vicepresidente de la heredera de Lula durante su primer gobierno (2011—2015), como parte de la alianza entre su partido, el PMDB, y el PT. En 2014 decidieron renovar el compromiso y fueron juntos por la reelección. El origen oscuro de los fondos que financiaron esa campaña es lo que hoy lo tiene contra las cuerdas. La denuncia fue presentada en 2014 ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por Aécio Neves, el candidato del PSDB, que perdió el ballotage por un puñado de votos. La política es dinámica. Hoy su partido es el principal aliado del precario gobierno de Temer.

"Este juicio ya tiene más de dos años. En la etapa inicial, de instrucción, fueron oídas casi 30 personas. Es un proceso muy complejo y con muchos efectos sobre la gobernabilidad en Brasil, por eso los plazos son tan largos", explicó Emerson Urizzi Cervi, profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Paraná, consultado por Infobae.

La causa entró en una fase decisiva a fines de marzo, luego de que Herman Benjamin, juez relator del proceso, presentara un duro informe de 1.086 páginas. Entre las evidencias que incluyó contra Temer y Rousseff se destaca la confesión de dos ex ejecutivos de Odebrecht que aseguraron que la constructora aportó 35 millones de dólares a la fórmula, y que siete de esos millones fueron deliberadamente excluidos de la contabilidad oficial. Quien recibió esos pagos en negro fue el publicista estrella del PT, Joao Santana, que hoy está preso por otro escándalo de corrupción.

Para la fiscalía competente ante el TSE las pruebas confirman que hubo un "abuso de poder económico que comprometió la legitimidad y normalidad del proceso electoral". En consecuencia, exigió anular su resultado, y por ende, la presidencia de Temer. Pero no será fácil que eso se concrete.

"Es necesario probar que se recibió financiamiento ilegal, que fue usado efectivamente en la campaña y que esto generó desigualdad en la disputa —continuó Urizzi Cervi—. No son decisiones tan sencillas como se desprende de la cobertura de la prensa".

Sospechas y dilaciones

La semana pasada iban a comenzar las deliberaciones entre los magistrados del alto tribunal, pero los acusados lograron una prórroga. La defensa de la ex presidente pidió incorporar a nuevos testigos y solicitó más tiempo para estudiar la causa. Ambos planteos fueron aceptados, lo que pospuso al menos hasta mayo cualquier resolución.

"La verdad es que causó un poco de extrañeza la postergación. Desde hace mucho tiempo el TSE viene actuando con cierto misterio, dejando a los interesados y a la población intrigados e inseguros sobre lo que va a decidir", dijo a Infobae Marcelo Nunes Apolinário, jefe del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Pelotas.

Temer no podría estar más agradecido con el aplazamiento, ya que este lunes vence el mandato del juez Henrique Neves, y el 5 de mayo el de la jueza Luciana Lóssio. Ambos son bastante independientes y el gobierno entendía que podían votar en su contra. Los reemplazarán Admar Gonzaga y Tarcísio Vieira, que si bien eran los sucesores naturales porque ya se desempeñaban como suplentes en el TSE, son vistos con mejores ojos por los asesores del presidente.

El Presidente tiene dos estrategias. Una, con pocas probabilidades de prosperar, es convencer a los magistrado de que las cuentas que correspondían a su candidatura como vice se analicen por separado, argumentando que los aportes de Odebrecht fueron para Rousseff y que él no tuvo ninguna responsabilidad en eso.

"A mi juicio es algo extravagante y completamente contrario a como el Tribunal decidió hasta ahora. Sería una profunda y súbita transformación jurisprudencial si ninguna justificación jurídica plausible, y reforzaría la idea de que el TSE está decidiendo por mera conveniencia política. Muchos juristas y políticos están haciendo referencia a esto, en especial por las estrechas y públicas relaciones de amistad entre el presidente del TSE, Gilmar Mendes, y el presidente de la República, lo que comprometería su imparcialidad", sostuvo Bruno Galindo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco, en diálogo con Infobae.

La otra estrategia de Temer, la principal, es dilatar la causa lo más que se pueda. El objetivo es que se resuelva después de las elecciones presidenciales, que serán en octubre de 2018.

"Es necesario recordar que se trata de un juzgamiento con muchos intereses políticos alrededor y, por esa razón, su ritmo puede ser imprevisible, ya que no hay un plazo establecido en la ley para que el Tribunal dé su veredicto —dijo Galindo—. Considerando esos intereses, no se puede descartar una postergación hasta 2018, para que, aún siendo condenado, pueda cumplir su mandato hasta el final, pues después del fallo del TSE es posible un último recurso ante el Supremo Tribunal Federal, la Corte máxima en Brasil".

Marcelo Neves, profesor de derecho público en la Universidad Nacional de Brasilia, también considera que lo más probable es que todo se dilate. "Gilmar Mendes tiene mucho interés en que se prorrogue el proceso porque está muy ligado al gobierno actual. Antes, cuando Rousseff era presidente, quería que hubiera una decisión rápida. Los intereses políticos para que no haya una resolución en el corto y mediano plazo pueden hacer que Temer termine su mandato sin que haya una decisión final", dijo a Infobae.

Después de la sentencia

Más allá de todas las dudas y sospechas, no se puede descartar ningún fallo. A fin de cuentas, un año antes del impeachment que terminó con la destitución de Dilma eran pocos los que se imaginaban ese desenlace. Si el TSE confirmara que hubo financiamiento ilegal se abriría un panorama de mucha incertidumbre.

"Si la fórmula fuera anulada por abuso de poder económico y político, la Constitución establece que se deben realizar elecciones presidenciales indirectas, en el ámbito del Congreso Nacional, porque ya estamos en la segunda mitad del mandato. Si hubiera ocurrido antes, se habrían convocado elecciones directas. Pero hay un problema: hasta ahora, el Congreso no reglamentó esa posibilidad por ley. Por eso es muy probable que surja un nuevo debate político para tratar este asunto", dijo Nunes Apolinário.

El nuevo presidente podría ser cualquier ciudadano que el Parlamento elija y tendría que completar el mandato, que finaliza el 31 de diciembre de 2018. De todos modos, todavía no está del todo descartada la posibilidad de haya una elección directa del potencial sucesor de Temer.

"Del texto constitucional se desprende que el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, asumiría temporalmente la Presidencia de la República e inmediatamente convocaría nuevas elecciones. Serían realizadas de modo indirecto por el Congreso Nacional en un plazo de 30 días. Sin embargo, hay una tesis muy interesante defendida por renombrados juristas brasileños: como se trataría de una anulación de las elecciones, y no de una vacancia del cargo por muerte, incapacidad, impeachment u otros, debería ser aplicable la regla del artículo 224 del Código Electoral. El texto establece que las elecciones son indirectas sólo si la vacancia ocurre en los últimos seis meses de 2018, debiendo ser directas si, por ejemplo, ya tuviésemos hoy la definición del veredicto. Pero considero que es poco probable en el actual momento político brasileño", concluyó Galindo.

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