México firmó un protocolo con la oficina antifraude de Cataluña para combatir la corrupción

En el marco del Foro Internacional Anticurropción, llevado a cabo en la ciudad de Aguascalientes, se firmó un protocolo de colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

“Con la finalidad de establecer una relación formal entre instituciones, que permita una cooperación en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el Órgano Interno de Control firmó el protocolo de colaboración con la OAC”, informó la FGR en un comunicado.

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, Arturo Serrano Meneses, aseguró que con dicha colaboración se fortalecerán los OIC de las instituciones, puesto que fueron contemplados como una herramienta para alcanzar de manera eficiente los objetivos y metas para cumplir con temas de transparencia y rendición de cuentas.

“Se sabe que el combate a la corrupción tiene que ver con los principios de igualdad y justicia social, que han marcado el rumbo de nuestra nación”, dijo el titular de la OIC de la FGR, Arturo Serrano Meneses.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno Jubero, celebró la firma del convenio y habló de la importancia de la integridad de las instituciones, “porque dicha integridad es el cumplimiento de aquellos valores que han hecho que se cree una institución determinada y de que los funcionarios actúen bajo esos mismos valores”.

En su ponencia, en la conclusión del Foro citado, Serrano Meneses también destacó la importancia del control interno como materia de acuerdo, de reflexión y de intercambio; dijo que es un elemento que “trasciende coyunturas administrativas y organizacionales, y es el resultado de la anchura de decisiones y que tiene una naturaleza estratégica para el desarrollo institucional”.

“El control interno promueve una cultura de autocontrol y autoevaluación, permite identificar, analizar y evaluar los distintos factores de riesgo asociados con las actividades, establece estrategias, acciones y proporciona mayor agilidad, certidumbre, así como menores costos en objetivos y metas, en beneficio de a quienes nos debemos, que es la ciudadanía”, expresó.

Finalizó diciendo que se tienen que romper paradigmas, seguir trabajando y discutiendo el tema de combate a la corrupción que necesita el país.

En diciembre del año pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) y Tojil realizaron una investigación en conjunto, donde se dedicaron a analizar y evaluar el desempeño de las 29 Fiscalías Anticorrupción locales de las entidades federativas de México, donde obtuvieron una imagen amplia y detallada de cómo se combate a la corrupción y la impunidad en la república.

Los resultados que lanzó el estudio proporcionan datos que apuntalan que en algunos estados existe una carencia de un diseño institucional adecuado, así como de recursos y capital humano suficiente para su operación.

Tojil es una organización sin fines de lucro integrada principalmente por abogadas que combaten la impunidad. Asimismo, se dedican al desarrollo de políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia. Mientras que el Imco cuenta con numerosos estudios publicados por su Centro de Investigación en Política Pública que han realizado varias recomendaciones desde su fundación.

Para la elaboración del sondeo, ambas instituciones mexicanas recibieron ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), quien avaló lo publicado en el portal del Imco.

De entre los puntos más relevantes que señaló la investigación es que son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción, pues del total de las investigaciones iniciadas en las fiscalías anticorrupción de México, sólo ocho entidades reportaron la judicialización del más del 5% de ellas.

Otro dato que destacaron fue que las fiscalías carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.

Únicamente Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz reportaron que el presupuesto de la fiscalía anticorrupción se asigna de manera independiente a la fiscalía estatal, lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación, y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares en la planeación y ejecución de acciones.

Entre 2019 y 2020, solo en Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, los ministerios públicos, policías y peritos recibieron capacitación especializada para el combate y prevención de la corrupción.

Señalaron a los estados de Guerrero, Colima y San Luis Potosí como los que menos cuentan con Ministerios Públicos sin que exista una justificación en términos de extensión territorial o población.

Además, únicamente 10 Fiscalías Anticorrupción reportaron contar con peritos en la institución y 16 con policías de investigación.

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