Debido a la violencia e inseguridad originada por el crimen organizado en la entidad federativa, alrededor de 10,000 personas han sido desplazadas de sus comunidades desde el 2011 hasta la fecha, reportó el Observatorio por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero en un informe.
Guerrerenses han tenido que huir de sus lugares de origen por las batallas entre cárteles del narcotráfico, quienes disputan por el control de rutas para el traslado de droga.
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Habitantes de los 32 poblados que conforman el ejido Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, es el caso más reciente de desplazamiento forzado: durante la primera semana de marzo del 2021 abandonaron sus viviendas aproximadamente 835 personas. El mes anterior, febrero, hicieron lo mismo 250 pobladores.
En la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, en el municipio de Zihuatanejo, de la Costa Grande, y en Apaxtla de Castrejón y Teloloapan, alrededor de 1,500 ciudadanos han despoblado en los últimos tres años.
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Las personas desplazadas han tomado refugio en distintas localidades de Guerrero, como el poblado El Coyol, en el municipio de Coyuca de Catalán, y en diferentes entidades federativas como la capital del país, el Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León, Morelos, y hasta Tijuana, Baja California, donde buscan solicitar asilo para migrar a Estados Unidos.
Un censo realizado por el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) calculó el abandono de ciudadanos de los poblados Las Ventanas y Otatlán, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.
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De Las Ventanas escaparon 129 personas de 28 familias, y de la segunda comunidad es 27 de siete familias.
El 25 de febrero, presuntos miembros de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana atacaron a balazos, desde las 09:00 horas, a la comunidad Hacienda de Dolores, un anexo del ejido Los Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán.
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Javier Hernández, secretario ejidal del ejido Guajes de Ayala, denunció a través de WhatsApp, según La Jornada, que la invasión armada inició durante las primeras horas del día en la zona de la región conocida como Tierra Caliente.
Tras señalar al medio que el pueblo Hacienda de Dolores está localizado a aproximadamente 40 minutos del poblado El Pescado, mencionó que “estamos demandando la presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para evitar una confrontación mayor”.
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María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada federal, solicitó el pasado 23 de febrero, por escrito, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y al primer comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, la instalación de un retén en los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
La diputada explicó que el operativo tendría el objetivo de evitar los enfrentamientos armados entre los pueblos que pelean contra la tala de árboles.
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El pasado 17 de febrero, tras ser expulsados por campesinos que siembran amapola en la comunidad de Los Hoyos, soldados del Ejército habrían regresado para golpear y robar a los vecinos de esta demarcación perteneciente al municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero.
De acuerdo con videos, denuncias por redes sociales y reportes de prensa local, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían actuado en represalia luego que no se les permitiera destruir sembradíos de la planta utilizada para producir heroína.
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