Reformar la Condusef para que dé seguimiento a denuncias por fraudes financieros

Jesús Fernando García, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), propuso reformar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esto en virtud de que dicha institución pueda garantizar puntual seguimiento a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) por aquellos actos que configuren delitos contra el patrimonio de clientes y usuarios de servicios financieros.

De tal modo que el petista presentó una iniciativa para adicionar un párrafo tercero a la fracción XXVI del Artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF), que tiene por objetivo perseguir prácticas de estafa relacionadas a grupos delincuenciales que, a nombre de supuestas empresas, se dedican a cometer estafas en perjuicio de personas, ofreciéndoles préstamos inmediatos de dinero y en efectivo, solicitándoles para ello, entre otros requisitos, que realicen depósitos de pago anticipados, tras lo cual desaparecen una vez concretado el ilícito.

Durante la exposición de motivos, García Hernández puntualizó que se tratan de supuestos prestamistas que construyen portales cibernéticos y operan centros de contacto telefónico bajo soportes técnicos sofisticados, que dan apariencia de realidad y legalidad, con un propósito único: aprovecharse de la necesidad de financiación de las personas que son engañadas con el ofrecimiento de créditos en efectivo a un costo de interés competitivo, por debajo del que ofrece la banca comercial establecida legalmente.

Señaló que estos delincuentes operan de manera muy similar en los casos que se tienen registro: ofrecen préstamos de fácil acceso, con tasas de interés atractivas y sin una requisición compleja, por lo que el usuario se siente atraído a la oferta financiera y cae en la trampa. “Resultando finalmente un montaje por el cual le roban su dinero a la gente”, insistió.

Agregó que en casos especiales, se ha llegado a la intimidación y extorsión, una vez que los delincuentes logran acceder a información y datos de carácter confidencial de las personas a las que amenazan con hacerles efectivo el cobro de deudas inexistentes.

Además de atentar directamente contra la economía de la víctima, estas asociaciones delictivas incurren en la suplantación de identidad de otras legalmente establecidas, cuando seleccionan preferentemente nombres de compañías reconocidas ampliamente, para anunciarse como entidades financieras que ofrecen créditos en mejores condiciones que la competencia.

Ante esto, la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen establece que la Condusef emitiría alertas a la población sobre empresas gestoras de crédito que están ofreciendo préstamos exprés sin requisitos, como lo son comprobar los ingresos o consultar el Buró de Crédito del solicitante.

Asimismo, esta institución encabezaría las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando se tiene conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general, así como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando ocurran ilícitos tipificados en leyes que establezcan que los mismos se persigan a petición de la dependencia.

Finalmente, en caso de ser aprobada esta iniciativa, la Condusef sería la denunciante ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas, aparte de asistir a los usuarios que pretendan coadyuvar con la autoridad ministerial. Por ello, la propuesta de reforma busca facultar a la Condusef a dar seguimiento a las denuncias presentadas.

Cabe recordar que las instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son instituciones que se rigen bajo un estricto control legal para garantizar los derechos de los usuarios de sus servicios; no obstante, al atender las reglas del mercado financierista, las tasas de interés que ofrecen son proporcionales a la capacidad de pago del prospecto de cliente y, al mismo tiempo, les garantizan un margen de ganancia que la población más precarizada difícilmente cumpliría.

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