Cártel del Golfo: acusaron al dueño de una tienda de armas en Texas por vender mercancía a mexicanos ilegales

El propietario de una popular tienda de armas en el sur de Texas enfrenta cargos federales por supuestamente vender miles de cartuchos de municiones a ciudadanos mexicanos ilegalmente en los Estados Unidos.

A pesar de que las autoridades no lo especifican, medios locales como Breitbart Texas han dado cuenta de que la mayor parte de la munición ilegal que se vende en la región se pasa de contrabando a Reynosa o Matamoros, Tamaulipas, para abastecer al Cártel del Golfo.

El arresto tuvo lugar esta semana cuando los fiscales federales obtuvieron una acusación criminal sellada contra Daniel Gallegos, de 67 años, propietario de Point Blank Shooting Range y Danny’s Pawn Shop.

Gallegos se rindió ante las autoridades y compareció ante el juez federal Juan F. Alanis, donde se declaró inocente de los cinco cargos separados. El juez otorgó a Gallegos su liberación con una fianza no garantizada de USD 50.000. Sin embargo, como parte de las condiciones de su liberación, le ordenó que se mantuviera alejado de sus negocios de armas.

La acusación no reveló quién compró las municiones, pero sí alegó que los compradores estaban en el país ilegalmente y no podían comprar o poseer municiones por la vía legal.

Los documentos judiciales revelaron que Gallegos vendió las municiones en al menos cinco ocasiones distintas entre marzo y mayo de 2020, a personas que sospechaba que eran extranjeros ilegales. La munición incluía 2.900 cartuchos de munición de 7,62 × 39 que se utiliza comúnmente en rifles tipo AK-47. Gallegos vendió también 1,000 rondas de munición .223Rem, que se usa en rifles tipo AR-15.

Las autoridades federales también afirmaron que Gallegos vendió 360 rondas de munición de .50cal, que se utiliza en grandes rifles tipo Barret. Asimismo, está acusado de vender 1.460 rondas de munición .308cal, una ronda de caza popular que también se usa en algunos rifles semiautomáticos.

México presentó en agosto una demanda civil en una corte de Boston (Massachusetts, Estados Unidos) contra once empresas a las que acusó de negligencia por facilitar el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El Gobierno mexicano estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2,2 % de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2 % y el 6 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor (...) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?”, expresó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona.

“Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente”, expresó Celorio.

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