César Duarte quiere frenar extradición desde EEUU a México con un amparo

El exgobernador de Chihuahua fue detenido en julio de 2020 y tras varios recursos interpuestos por su defensa, en noviembre fue aceptada su extradición a territorio mexicano para enfrentar la justicia en el país

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El exgobernador del estado mexicano de Chihuahua César Duarte Jáquez (EFE/Jonathan Fernández)
El exgobernador del estado mexicano de Chihuahua César Duarte Jáquez (EFE/Jonathan Fernández)

El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, interpuso un juicio de habeas corpus (que funciona como un amparo) ante una corte federal de Florida para impugnar su extradición a México, donde será procesado por cargos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos.

Fue presentado el 13 de diciembre en la corte de Florida ante el juez José E. Martínez con lo que busca cuestionar la legalidad con la que se fundamentó la extradición y de ser admitida retrasaría una vez más el proceso del exgobernador priista, quien permanece detenido en el país norteamericano desde mediados del 2020.

Los documentos presentados por la defensa del exgobernador no son públicos, por lo que se desconoce la información cuestionada.

Duarte fue detenido en la capital del estado de Miami el 8 de julio de 2020 y puesto a disposición de las autoridades de la fiscalía. Desde entonces el proceso de extradición por los cargos de asociación delictiva y peculado se ha visto detenido por los recursos que ha interpuesto su defensa para evitar que pise suelo mexicano.

El ex gobernador del estado Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Miami en 2020 por los delitos de peculado y asociación delictuosa (REUTERS/José Luis González)
El ex gobernador del estado Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Miami en 2020 por los delitos de peculado y asociación delictuosa (REUTERS/José Luis González)

Una vez que llegue a México iniciará su juicio con la información que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) ha logrado documentar por su presunta responsabilidad en los delitos que se le imputan.

Desde enero los defensores del priista han tratado de desmeritar las acusaciones en contra de su cliente alegando que el exgobernador panista del estado de Chihuahua, Javier Corral, presionó a testigos para que declarasen en su contra. Una de estas peticiones en contra de su orden de aprehensión y extradición fue denegada en febrero del presente año.

El 10 de marzo de 2021 el Octavo Tribunal Colegiado Penal le había concedido a Cesár Duarte la suspensión definitiva que evitaba sus aprehensión una vez pisara suelo mexicano, aunque con ciertas excepciones, como el que las autoridades mexicanas tuvieran una orden de aprehensión por los delitos que se le acusan, en cuyo caso podía ser detenido en cuanto pisara el avión.

César Duarte detenido (Foto: Twitter@_frankyJalisco_)
César Duarte detenido (Foto: Twitter@_frankyJalisco_)

Otro suceso importante fue que recuperó diez de sus propiedades incautadas durante septiembre tras hacer un acuerdo judicial con la fiscalía del estado de Chihuahua a diez días de haber tomado posesión de la gubernatura por Maru Campos Galván, quien también aseguró que la investigación en contra del exgobernador ya no sería tomada como prioridad por su gestión.

Finalmente, después de 10 meses de analizar las pruebas de la defensa y la parte acusatoria, la extradición de Duarte fue aprobada el 8 de noviembre de este año por la jueza Lauren F. Louis del distrito sur de Florida para que el expriista enfrentara los cargos dentro del país. Entre los siete argumentos presentados para sustentar esta decisión estaba la existencia de causa probable de que el detenido fuera responsable de los cargos imputados.

Duarte estuvo al frente de Chihuahua entre 2010 y 2016. Fue detenido en Florida en cumplimiento de una orden de captura internacional de la Interpol, quienes emitieron la ficha roja en 2017, bajo cargos de desviar 1,200 millones de pesos de recursos públicos. Tiene al menos ocho cargos federales y estatales por el desvío de fondos públicos a campañas de miembros del Partido Revolucionario Institucional al que pertenecía.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Chihuahua, el exmandatario mantenía una supuesta nómina secreta, a través de la cual fueron desviados aproximadamente 1,000 millones de pesos del erario de Chihuahua y el dinero benefició a mas de 100 personas que provenía de cuentas bancarias destinadas al gasto operativo y pago de nómina de empleados estatales.

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