La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este jueves que el gobierno de México volverá a solicitar visa a los brasileños que quieran ingresar a su territorio como turistas, debido al incremento de viajes de personas que usan al país para entrar ilegalmente a los Estados Unidos.

Y es que se publicó un proyecto para suspender el convenio del año 2000 -que entró en vigor en febrero de 2004- por el que México y Brasil eliminaron el requisito de visa entre ambos países.

“Parte de esta situación se refleja en los filtros migratorios con la identificación de personas cuyo perfil no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en su documentación o información, robusteciendo la posibilidad de que un número significativo de personas que pretendan utilizar la supresión de visa indebidamente”, agregó.

La agencia Reuters señaló que una fuente de SRE dijo que la medida entraría en vigencia a fines de noviembre o principios de diciembre y se sumaría a la dictada en agosto, por la cual se volvió a requerir visa a ciudadanos de Ecuador.

La agencia reportó esta semana que Washington buscaba que México imponga visas a los brasileños.

Cada año, decenas de miles de migrantes huyen de sus países rumbo a Estados Unidos con la esperanza de poder vivir el “sueño americano”. En los últimos meses, miles de haitianos han copado la frontera entre México y Estados Unidos en busca de entrar al país del norte.

Muchos de ellos no llegan directamente desde Haití -un país que se encuentra sumido en la pobreza y el caos político- sino que han pasado una temporada en Brasil o Chile.

Con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso en marcha un diálogo técnico con los Estados Unidos.

A través de un comunicado, la dependencia informó la noche de este jueves que en dichas conversaciones México reiteró la importancia de atender las causas estructurales de la migración, así como los programas de transferencias que permitan brindar oportunidades a los potenciales migrantes en sus comunidades de origen.

Pero también se expusieron al gobierno estadounidense un par de preocupaciones en tema de política migratoria. La primera es respecto a la implementación de la sección 235(b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, como son: respeto al debido proceso, garantía de certidumbre jurídica y acceso a asesoría legal, así como sobre la integridad y seguridad de las personas migrantes.

Y es que el pasado 24 de agosto la Suprema Corte de EEUU rechazó la propuesta del presidente Joe Biden de rescindir el programa Quédate en México, de su antecesor Donald Trump, donde se obliga a los migrantes que solicitan asilo permanecer en territorio mexicano a la espera de sus audiencias en Estados Unidos.

Por lo anterior, en los últimos meses los arrestos de migrantes tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos con México han alcanzado niveles máximos en 20 años.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) lamentó la decisión de la Corte Suprema y dijo que continuaría “impugnando enérgicamente” el dictamen del juez con sede en Texas.

La segunda preocupación que presentaron fue sobre la utilización del Título 42 de su Ley de Servicios de Salud Pública mediante la cual a la fecha son retornadas a territorio nacional miles de personas migrantes, incentivando además una alta tasa de reincidencia que genera riesgos importantes en los múltiples intentos de cruce por puntos irregulares.

En este sentido, el Gobierno de México reiteró que, en apego al marco jurídico nacional y a derecho internacional, su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo.

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