Lamentable que litiguen en medios y no la Corte: SRE respondió a las asociaciones del comercio de armas en EEUU

La Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la respuesta que la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que, tras la demanda presentada por el gobierno mexicano en contra de 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos, rechazaron que sean parte de un negocio negligente.

Y es que este martes, una delegación de funcionarios mexicanos, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda ante una corte federal en Boston, Massachusetts, en la acusan a las empresas estadounidenses fabricantes de armas de llevar a cabo un comercio negligente e ilícito. Las autoridades mexicanas enfatizaron insistentemente que esa denuncia no es contra el gobierno estadounidense, por lo que no debe ser considerada como un litigio diplomático.

“El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF. Agregó que los cárteles usan armas llevadas ilegalmente a México o robadas a sus fuerzas armadas y policías. “En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”, arremetió.

La cancillería mexicana respondió que esa postura era de esperarse, porque ya suponían que los demandados y la industria de comercio de armas en Estados Unidos tratarían de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus armas a México y los daños consecuentes.

Entonces la SRE insistió a su vez en las evidencias con las que respaldan su denuncia, que tendrán que ser litigadas en la corte y no a través de los medios, indicaron. Entre tales razones señalaron:

-Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. Los demandados incluyen a los seis fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en México —Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. El acusado restante —Interstate Arms— es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.

-Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México. Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal. Los Demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los Demandados desafían esas recomendaciones, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México —porque se benefician de él.

-Los demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen estadounidense, lo que significa que anualmente venden más de 340,000 armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EUA hacia criminales al sur de la frontera.

-En 2001, el gobierno federal de EUA instó igualmente a los Demandados a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución, para evitar el suministro de armas a criminales. Los Demandados se negaron. El Demandado Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el Gobierno Federal Estados Unidos y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo.

La dependencia mexicana además recordó que que la misma Suprema Corte de los Estados Unidos reconoce que cualquier gobierno extranjero puede demandar en cortes de ese país, por lo que, remarcaron, la demanda que pusieron respeta la legislación estadounidense.

“Esta demanda no está en contra del comercio de armas”, aclararon desde la SRE, “lo que busca es un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para: abstenerse de anunciar entre la población civil; armas de alto poder para fines militares; sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense; cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México, información que podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia; no dirigir su publicidad a grupos delictivos”.

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