Cuatro integrantes de Morena fallecieron en un accidente vial en Oaxaca

Un accidente automovilístico en Oaxaca resultó en saldo mortal que incluyó a cuatro miembros del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El incidente ocurrió la mañana de este sábado, entre el coche en el que viajaban los políticos y autobús de pasajeros.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro Huamelula, cuando regidores electos se dirigían a la cabecera de esa ciudad localizada en el Istmo de Tehuantepec, donde iban a participar en una asamblea preparatoria rumbo a la consulta nacional del próximo 1 de agosto, en la cual se busca obtener el apoyo de los residentes para llevar a juicio a expresidentes del país.

A través de sus redes sociales, el partido oficialista expresó: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestras compañeras y compañeros de Oaxaca, Ruperto Sosa, Israel Pérez, Amaro García e Itzel Castro. Que familiares y amigos encuentren pronta resignación y paz en este momento de duelo. #QEPD”.

Los primeros reportes señalaron precisamente que entre las personas que perdieron la vida se encontraba Ruperto Sosa, quien era hermano del presidente electo, Víctor Hugo Sosa García, morenista aunque ganó con el registro del Partido Encuentro Solidario (PES). También pertenece, según señala El Universal, al Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO). Ruperto era morenista también, así como dirigente del FUCO.

Otras de las personas identificadas entre los fallecidos, y mencionadas por Morena, fueron Amaro García e Israel Pérez, quienes eran colaboradores cercanos del presidente electo.

De acuerdo con rescatistas que trabajaron en el lugar en el accidente que tuvo lugar en la carretera costera, entre los municipios de Astata y Salina Cruz, también murió la regidora electa de Hacienda, Itzel Castro.

Cabe señalar que la asamblea en la que participarían las autoridades electas de San Pedro Huamelula fue organizada por el equipo del senador oaxaqueño, Salomó Jara Cruz, quien se se reunió en Juchitán con la estructura territorial del FUCO, coordinada por el munícipe de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, para preparar la participación ciudadana en lo que llaman el juicio contra expresidentes mexicanos.

Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) reasignará recursos originalmente destinados a otras tareas para organizar la consulta popular sobre investigación a ex presidentes.

La dependencia electoral fue notificada sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional que presentó para que le fuera otorgado capital extra y llevar a cabo la consulta el próximo 1 de agosto.

A inicios de junio, la SCJN determinó que el recurso interpuesto por el INE fue infundado, debido a que sí tiene cómo solventar gastos de operación y realizar el plebiscito promovido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que no se especificó de dónde se obtendrán los fondos, el órgano electoral acatará la decisión y hará uso del dinero que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con la Primera Sala de la Corte, el INE contó con excedentes presupuestales para 2021. Pero la institución negó esa afirmaciones, pues explicó que le fueron asignados 26 mil 819 millones, 801 mil 594 pesos, luego de sufrir un recorte de 870 millones de pesos a su presupuesto contemplado.

Pero al menos siete mil 226 millones (7,226,003,636) fueron para financiamiento público de Partidos Políticos Nacionales, sus gastos de campaña y el conjunto de las Candidaturas Independientes. De ahí que se argumenta, no hubo fondos sobrantes.

En su resolución, la SCJN estableció que el INE debió prever en su solicitud de recursos para 2021, los correspondientes adicionales para la consulta.

Pero el proyecto de presupuesto fue elaborado y enviado en agosto del año pasado, un mes antes de que el presidente solicitara someter al juicio de la ciudadanía si están de acuerdo con investigar a sus antecesores. Además, el decreto para la convocatoria de la consulta popular se publicó el 28 de octubre de 2020.

“Era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas”, se quejó el INE.

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