Congreso mexicano expresó su preocupación por la situación política en Nicaragua

Luego de la detención a manos del régimen de Daniel Ortega de candidatos presidenciales opositores, el Poder Legislativo mexicano llamó a que las elecciones de noviembre en aquel país sean libres, legales, incluyentes, transparentes y pacíficas

La Comisión Permanente se pronunció con respecto a la situación política que vive Nicaragua (Foto: Cortesía Congreso de la Unión)
La Comisión Permanente se pronunció con respecto a la situación política que vive Nicaragua (Foto: Cortesía Congreso de la Unión)

La Comisión Permanente, el órgano que sustituye a ambas Cámaras del Congreso mexicano durante los recesos legislativos, manifestó este miércoles su profunda preocupación por los recientes hechos en Nicaragua, donde, afirmaron, “las libertades políticas, civiles y de libre expresión están siendo agredidas”.

El pronunciamiento, al que le dio lectura el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, quien también es presidente del Senado mexicano, fue propuesto por la Segunda Comisión, que preside la senadora Claudia Ruiz Massieu, del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional).

De esta manera, los legisladores integrantes de la Permanente hicieron votos para que el pueblo nicaragüense recupere los espacios políticos para la reconciliación, la paz interna y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Además, pidieron que se generen las condiciones para que la elección general del próximo 7 de noviembre, se celebre de forma libre, legal, incluyente, transparente y pacífica. Y es que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha encarcelado en los últimos días a cinco candidatos presidenciales de oposición a unos meses de los comicios en el país centroamericano.

El documento emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mexicano (Foto: Cortesía Senado)
El documento emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mexicano (Foto: Cortesía Senado)

Esta declaratoria ha sido la postura más decidida del Estado mexicano. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recién este lunes que, junto a Argentina, llamaron a consulta a sus embajadores en Nicaragua en repudio a las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Ortega.

“Valoramos la decisión de convocar a consultas al embajador de México en Nicaragua, para conocer el estado de las acciones políticas-legales realizadas por el gobierno de ese país, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de representantes de la oposición, activistas y personalidades de la sociedad civil nicaragüenses”, expresó Ramírez en la sesión de la Comisión Permanente mexicana este miércoles.

El documento también fue firmado por el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del oficialista Morena, y las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, secretario y secretarias de la Segunda Comisión de la Permanente.

Ahí, se menciona que la Revolución Sandinista significó un proceso histórico muy amplio, que incluyó a diversos sectores del pueblo nicaragüense y que derivó en 1979, en el fin del gobierno autocrático que por varias décadas encabezó la familia Somoza en ese país hermano.

El régimen de Ortega incluso alienó a sus aliados mexicanos y argentinos, cuyos gobiernos llamaron a sus embajadores a consulta (Foto: Jorge Torres/ EFE)
El régimen de Ortega incluso alienó a sus aliados mexicanos y argentinos, cuyos gobiernos llamaron a sus embajadores a consulta (Foto: Jorge Torres/ EFE)

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se instauró tras el triunfo de la Revolución, encabezó -desde julio de 1979 y hasta enero de 1985- un gobierno de transición que fue clave para la reconciliación del país y la organización de las elecciones generales de noviembre de 1984, con lo que la vida democrática de Nicaragua quedó finalmente restaurada.

La Comunidad Internacional, destacaron los legisladores, acompañó este episodio con la esperanza de que en Nicaragua floreciera una nueva época, en el marco de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la justicia social.

Por ello, resulta desconcertante e inadmisible que el actual gobierno de Nicaragua caiga en conductas y actuaciones que distan mucho de parámetros democráticos y de los ideales que motivaron a la Revolución Sandinista

Además, advirtieron que “el hostigamiento, detención y persecución de activistas, así como de personalidades de la sociedad civil y de potenciales candidatos a la presidencia que buscan competir en la jornada electoral a realizarse el 7 de noviembre próximo, son señales que se alejan del espíritu de la democracia y la justicia en su más amplia expresión”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien exigió que el régimen nicaragüense libere a todos los candidatos a presidente encarcelados y les permita participar en las elecciones.

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