FGR pidió prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle por sobornos en el caso Odebrecht

La imputación es a partir de una denuncia que presentó Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)

(Foto: Senado de México)
(Foto: Senado de México)

Este 8 de abril se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal prisión preventiva para el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, presunto implicado en los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Reportes de la FGR indican que el panista Lavalle está implicado presuntamente en haber recibido sobornos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con recursos de la empresa Odebrecht, con el objetivo de que el político votara a favor de la reforma energética en 2013.

La imputación es a partir de una denuncia que presentó Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien señaló directamente a Jorge Luis Lavalle de haber recibido fuertes cantidades de dinero.

Los representantes del Ministerio Público federal señalaron al Juez de Control, adscrito al Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, que existe un riesgo fundado de que el imputado pueda darse a la fuga, esto para evadir la acción de la justicia.

(Foto: EFE/Sebastião Moreira/Archivo)
(Foto: EFE/Sebastião Moreira/Archivo)

Y es que según los agentes de la FGR propusieron prisión preventiva contra el exsenador de Campeche porque no tiene domicilio fijo; sus vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, tiene varias salidas en México y hasta el momento se desconoce donde reside en la actualidad.

Jorge Luis Lavalle tiene un gran defensa, pues consiste en Felipe Gómez Mont Landerreche; José Joaquín Zapata Altamirano y Héctor Humberto Venegas Román. El panista mediante sus abogados solicitaron la duplicidad del termino legal para que la resolución jurídica se haga el próximo 14 de marzo, para ver si se es acreedor a que me vinculen o no a proceso.

Cabe señalar que la audiencia se está llevando a cabo de manera remota y, en caso de que se resuelva la prisión preventiva, la FGR tendrá un caso inaudito que tendrá que ubicar al acusado, solicitar una orden de cateo y proceder a detenerlo para trasladarlo al Reclusorio Norte.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África (Sebastião Moreira/EFE)
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África (Sebastião Moreira/EFE)

CONDENADOS POR ODEBRECHT

Los empresarios Federico Gaviria Velásquez y Eduardo José Zambrano Caicedo fueron condenados, este 8 de abril, por el juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá por delitos relacionados con el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción de los que más se ha hablado en Colombia los últimos años.

La condena se dio tras la aceptación voluntaria de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, que presentó al juez las evidencias de que Gaviria y Zambrano hicieron parte de una “empresa criminal, en la que se concertaron con funcionarios y directivos de la firma brasileña para asegurar la adjudicación de obras civiles”, de acuerdo con el ente investigador.

A Federico Gaviria Velásquez se le halló responsable de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular, por lo que se le condenó seis años y siete meses tras las rejas. El juez también le impuso una multa de 11.586 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó intemporalmente para desempeñar para cargos de elección popular. Sin embargo, “se le concedió libertad condicional por redención de la pena”, según la Fiscalía.

Por concepto de reparación, Gaviria Velásquez entregó un inmueble en el municipio de Cáceres (Antioquia), la hacienda El Porvenir, que el juez dispuso para ser inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos a título de la víctima del caso, representada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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