El Consejo de la Judicatura suspendió, en una semana, a dos magistrados por presunta violencia sexual

José Luis “L.G.”, magistrado federal del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa, en la entidad federativa de Tabasco, fue suspendido seis meses por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los presuntos actos de violencia moral, sexual y física en contra de una colaboradora.

El objetivo de la penalidad es comenzar con las indagatorias correspondientes para encontrar al responsable, garantizar un espacio libre de violencia para la víctima y proteger sus derechos.

“La relatoría de hechos es verosímil, pues se señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar incluso se mencionan posibles testigos. La denuncia se evalúa atendiendo la perspectiva de género y el estándar de prueba razonable”, señaló el Consejo a través de un comunicado.

Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF, declaró en su cuenta de Twitter que la “política de cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia de género sigue adelante. El #PJF debe ser un espacio en donde se respete la dignidad de las mujeres y puedan trabajar con libertad y seguridad. Acompañamos a las víctimas durante todo el procedimiento”.

“Nuestra prioridad es garantizar a todas las mujeres su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó el pleno del CJF, reiterando con Zaldívar su política de “cero tolerancias” hacia la violencia de género.

El caso de José Luis “L.G.” se añade al del ex titular del Segundo Tribunal Tributario de Nayarit, el magistrado Fernando Omar “G.E.”: el pasado 18 de marzo fue suspendido por una presunta violencia sexual, “grave y prolongada”, en agravio de dos colaboradoras.

La penalidad de este último es por tiempo indefinido.

“Lo anterior, con el objetivo de dar inicio a una investigación de forma inmediata respecto a su presunta responsabilidad, preservando la seguridad y la libre participación de las posibles víctimas”, señaló el CJF a través de un comunicado.

En febrero, Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, presentó el informe sobre los avances de la alerta por violencia contra las mujeres en la capital del país durante el 2020 y enero de 2021, luego de haberla declarado en noviembre de 2019.

En ese sentido, Godoy dio a conocer que en la incidencia delictiva del 2020 se observó una disminución en seis delitos, “los más graves contra las mujeres”, respecto al 2019: feminicidio (8.3%), homicidio doloso (19.8%), abuso sexual (22.7%), lesiones dolosas (25%), secuestro (68%) y trata de personas (38.3%).

Por otro lado, la incidencia de tres delitos tuvieron “aumentos mínimos”: violación (2.6%), acoso sexual (13.3%) y violencia familiar (5.2%).

No obstante, con respecto a enero de 2021, todos presentaron una disminución, excepto el delito contra la intimidad sexual (64%), casos de la Ley Olimpia que el año previo no existía.

Durante el 2020, 20,643 mujeres fueron atendidas con medidas de protección; es decir, un promedio de 53 mujeres diarias se presentaron en la Fiscalía y fueron protegidas con vigilancia en su domicilio hasta la orden al agresor de salir de casa de la víctima.

Respecto a la eficiencia en la procuración de justicia, en nueve de los 10 delitos mencionados se aumentó el número de agresores vinculados a proceso por un juez, en comparación con las denuncias que se reciben.

“No es una efectividad de la que podamos estar satisfechas. Nos falta mucho, pero estamos aumentando la eficiencia en comparación con la incidencia, sigue siendo muy baja y tenemos que ajustar nuestros métodos de investigación y el trabajo interno como Fiscalía”, aseguró Godoy.

Por ejemplo, en cuanto al delito de feminicidio, en 2019 se tenía una eficiencia de 47.22% y en 2020 aumentó a 89.39%; en violación sólo se aumentó un 4% para el año previo y para el abuso sexual únicamente incrementó 0.93%, “pero estamos trabajando”, apuntó.

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