Arrestos arbitrarios, amenazas y violencia sexual: los actos cometidos por policías contra mujeres manifestantes

Las autoridades, en especial los agentes de la policía que acuden a romper o controlar las manifestaciones feministas a lo largo del país, muchas veces incurrieron en graves delitos y violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con Amnistía Internacional.

En su investigación “México: La ira de las mujeres, estigma y violencia contra las mujeres que protestan”, se informó el actuar de la policía en cinco manifestaciones feministas ocurridas en León, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Ecatepec, Estado de México; Ciudad de México y Quintana Roo, todas durante el año 2020.

Para realizar dicho informe, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres que participaron en dichas marchas, así como a diversas reporteras, hasta observadoras de derechos humanos o abogadas, pero también se hicieron grupos focales y se verificaron pruebas audiovisuales, se realizaron solicitudes de transparencia, entre otras cosas.

En primera instancia, durante las manifestaciones documentadas, Amnistía Internacional pudo establecer la ocurrencia de violaciones del derecho a la manifestación pacífica, tales como las llamadas detenciones arbitrarias.

Por ejemplo, de acuerdo con los informes, se estableció que al menos nueve de las 23 detenciones realizadas en una manifestación contra la violencia sexual en León, Guanajuato. De ellas, ocho fueron en contra mujeres.

Además, varias de las detenidas fueron tratadas con “excesivo de la fuerza, recibieron golpes, insultos y amenazas cuando fueron arrestadas y durante el traslado”.

En este sentido, también se reveló que las protestantes “recibieron agresiones verbales relacionadas directamente con su derecho a la reunión pacífica; también recibieron insultos discriminatorios, fueron golpeadas o sufrieron otro tipo de violencia física como castigo por haberse atrevido a manifestarse públicamente.”.

Todo lo anterior, se une a un constante miedo que viven las mujeres manifestantes mexicanas: ser desaparecidas forzadamente por la policía local. Éste, nace de una técnica en la que la patrulla no va directamente al juzgado cívico, sino que implicó realizar varias vueltas innecesarias por la ciudad.

Pero esa no es la única técnica para imponer el miedo, pues durante esos largos recorridos permaneció el miedo entre las detenidas y sus familiares, pues los policías las dejaron incomunicadas totalmente durante varias horas.

Aunado a ello, se reportó también la presencia de vehículos no oficiales, sin logotipos ni identificación que muchas veces fueron utilizadas para el traslado de las personas detenidas; mismas que eran pilotadas, en muchas ocasiones, por personal de la Fiscalía estatal que tampoco se identificó.

Por último, reportaron que en varias de las manifestaciones documentadas, las participantes “sufrieron múltiples formas de violencia sexual: amenazas de violación, intimidación sexual, acoso sexual, tocamientos, amenazas de desnudez forzada, y violaciones sexuales”.

Al respeto, recordaron que “toda violación sexual cometida por una autoridad del Estado es considerada tortura”.

En relación con dicho informe, Amnistía Internacional buscará enviar una carta al ejecutivo federal con las firmas suficientes detrás, para exigir una revisión de las políticas públicas.

Demás, buscan que México adopte medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como garantizar el acceso a la justicia y la reparación adecuada de quienes han sufrido violencia de género, realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, y reconocer públicamente la magnitud del problema.

“Amnistía Internacional insta a las autoridades a que reconozcan, de forma constante y de manera amplia, la legitimidad de las manifestaciones de mujeres y grupos feministas y que se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes”, escribieron.

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