SEGOB implementó estrategia para apoyar a menores con padres privados de la libertad

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Spinna) informó que se encuentra trabajando en un nuevo mecanismo para atender y proteger a los menores que cuenten con un padre o madre privados de su libertad.

De acuerdo con la institución gubernamental, se realizó una prueba de pilotaje en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) Femenil de Morelos y Varonil de Sinaloa, con la finalidad de identificar cuales son las necesidades de los menores, en tanto a las personas que se encuentran dentro de las penitenciarias, como el de sus hijas e hijos.

“Este instrumento servirá para establecer acciones que les permitan vivir en un contexto familiar favorable, crecer y desarrollarse libres de toda discriminación, violencia, acceder a la educación, salud y recibir apoyo oportuno para sus necesidades elementales por parte de las autoridades federales y estatales”, mencionó el comunicado de la SEGOB.

Respecto al programa de pilotaje, se tomó un total de 983 niñas y niños, de los cuales 677 vivían sin acceso a educación y la salud. Asimismo, la mayoría de estos menores estaban en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Morelos y Veracruz.

La jefa de Análisis e Información de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, Emma Martínez Oloarte, puntualizó que el Cefereso dará a conocer a las madres o padres privados de su libertad las intenciones del programa, para que estos den su autorización.

“El Cefereso hará llegar a los Sipinna de los estados la lista validada y cartas de consentimiento para que las entidades, a partir de sus recursos, mecanismos y autoridades inicien la atención para la restitución de los derechos de educación, salud y bienestar de estas niñas y niños por medio de visitas domiciliarias; así como de elaboración de diagnósticos de necesidades precisas que incluyan a las personas cuidadoras”, se menciona en el documento emitido.

Panorama de los centros penitenciarios durante el COViD-19

Cabe señalar que a mediados de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades penitenciarias y de salud, para garantizar el acceso a la vacuna contra COVID-19 a las personas que se encuentran privadas de su libertad.

En el escrito, la CNDH exhortó a que los responsables de los centros penitenciarios y las autoridades sanitarias correspondientes, trabajaran en conjunto para poder ofrecer de manera oportuna el antídoto a este sector de la población, sobre todo a los que son adultos mayores o necesitan atención prioritaria.

“La CNDH hace un llamado a dichas autoridades para que garanticen el derecho de las personas internas en centros penitenciaros federales, estatales y militares, a acceder oportuna y eficazmente a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho en igualdad de condiciones que la población en libertad [..] en caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, sentenció.

Asimismo, el organismo dio a conocer que durante las visitas de supervisión que ha llevado a cabo en los centros penitenciarios, constató que en algunos de ellos, las personas que “se encuentran privadas de la libertad desconocen en qué consiste la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a recibir dicho medicamento”.

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