“El juicio a García Cabeza de Vaca nació muerto”: Ricardo Raphael

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el 23 de febrero a la Cámara de Diputados el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por su probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El gobernador panista aseguró que las acusaciones en su contra son consecuencia de una persecución política desde Palacio Nacional y solicitó conocer las acusaciones para contar con una defensa justa.

Ricardo Raphael, periodista y académico, indicó en su columna de opinión para Milenio que judicialmente es un proceso muerto. “Será un escándalo político más de la temporada. El guion de lo que está por venir se halla, una parte, en el artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y, la otra, en el artículo 152 de la Constitución del estado de Tamaulipas”.

Pero no será suficientes con el hecho de que la mayoría en Morena vote para que el gobernador de Tamaulipas se juzgado, indicó, porque es una solicitud que también se debe enviar al Congreso local y deberán “proceder como corresponda”.

El académico añadió que será en el Congreso del estado debe emitir su propia declaración y donde García Cabeza de Vaca tiene la mayoría, “y únicamente si dos tercios de sus integrantes lo consideraran pertinente, entonces se turnaría la acusación ante el Tribunal Superior local, donde igualmente tiene influencia el gobernador, para que ahí muera en definitiva la denuncia de la FGR”.

Cabe señalar que en agosto, la Subrpocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR comenzó a investigar a García Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

Durante un seguimiento de 10 meses, se dio a conocer que se obtuvo información de que el gobernador de Tamaulipas se puedo beneficiar de presunta ganancias del crimen organizado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también aportó por presunto enriquecimiento ilícitos, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.

Además, es uno de los políticos señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética en el 2013.

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que las acusaciones contra el gobernador que se trata de una persecución política. Añadió en redes sociales: “Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar […] Pretenden distraer de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF. El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos”.

En la conferencia matutina del 24 de febrero, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo: “No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos tapadera”.

El periodista Raymundo Riva Palacio escribió para El Financiero que la petición de Alejandro Gertz Manero “tiene un doble componente para meter presión al Congreso local, que es el que, por ley, tiene que realizar el proceso, a fin de que no alargue el procedimiento, y hacer pública toda la documentación de la acusación, incrementando la presión para que actúe. Ciertamente es un tema cargado de política y probablemente con intenciones electorales, pero también es una mancha que ha arrastrado García Cabeza de Vaca hace años, que ahora, si es inocente, como afirma, finalmente podrá aclararlo definitivamente en tribunales”.

Recordó que cuando Francisco García era alcalde de Reynosa y diputado local ocasionaron que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa realizara la prueba del polígrafo y en relación con su conexión con el narcotráfico los resultados fueron negativos, pero lo que “sí apareció fue lo que llamaron abusos administrativos, pero no se precisó de qué se trataba”.

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