Senado amplió prisión preventiva: incluirá a “siervos de la nación” que politicen vacunas contra COVID-19

El Senado aprobó este jueves diversas reformas que ampliarán el catálogo de delitos por los que se podrá imponer prisión preventiva oficiosa, incluidos aquellos como feminicidio, corrupción, huachicol, desaparición forzada, robo de casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales.

Es éste último delito que se agregó a la lista el cual fue uno de los más destacados en la sesión, ya que en este tipo de delitos electorales está incluida la acción de presionar a la ciudadanía a votar por un partido a cambio de un programa, que en este caso sería el de la vacunación contra COVID-19.

En específico, el senador de Morena, Ricardo Monreal, respondió a los medios que efectivamente los llamados “servidores de la nación”, el grupo de trabajadores del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que participan en la organización y despliegue a nivel nacional de la campaña de vacunación, podrían ir a la cárcel si cometen este tipo de delitos.

“La aplicación de la ley es para todos. Si nos estamos atreviendo a esto, es porque hay voluntad política de todos y una vez que se apruebe, todos tienen que observar la ley, no tiene ningún problema”, aseguró el coordinador de los senadores de la mayoría.

“Se aplicará de manera general, es una de las características de la ley, la generalidad, la abstracción y el carácter de aplicación estricta. Entonces, no va a haber excepciones, esta iniciativa la presentamos nosotros, pero es un compromiso del presidente”, añadió.

Cuestionado sobre si en este espectro entraban los “servidores de la nación”, Monreal expresó: “¡Claro! Es que no es excepción, se aplica a todos, sin excepción. Se aplica a todos los servidores públicos, en todos los niveles del Gobierno. Así va a ser”.

Por otra parte, la iniciativa aprobada este jueves en el Senado, con 62 votos a favor y 36 en contra una abstención), pasó al Ejecutivo, luego de haber pasado por la Cámara de Diputados, la cual le realizó modificaciones por las que el documento regresó la Cámara Alta. López Obrador deberá firmarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.

La propuesta incluye la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de uno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aún y cuando dicha medida haya sido impuesta.

Esta legislación responde a la reforma que fue aprobada a principios de 2019, la cual adicionó dichos delitos en el artículo 19 de la Constitución mexicana para considerarlos graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa.

En dicha reforma constitucional se precisa que el Ministerio Público “sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad”.

Además, se consideran también los delitos de robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (conocidos coloquialmente como “huachicoleo”), delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Por último, se enlistan los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

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