Así es el plan fiscal que economistas del FMI propusieron para resolver la crisis económica de México

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene una serie de investigaciones llamada Publicaciones en Progreso (IMF Working Paper). Ahí, miembros de la organización presentan análisis, ideas y propuestas para el desarrollo económico de los países. En octubre de 2020, los economistas Swarnali Ahmed Hannan, Keiko Honjo, Mehdi Raissi publicaron el texto “México necesita un cambio fiscal: La respuesta al COVID-19 y más allá”.

El texto propone una serie de modificaciones que el país puede realizar a partir del 2021 para reducir el impacto económico de la crisis sanitaria y asegurar un crecimiento estable de la economía nacional en los próximos años.

Los autores explican que, la respuesta de una política fiscal a la pandemia debería tener dos objetivos. El primero es salvar vidas mediante el control de contagios. El segundo es proteger el patrimonio de las personas.

Para cumplir con éstos, las políticas públicas de emergencia deben tener como primera prioridad la organización eficiente del gasto público en salud y, como segunda prioridad, acciones fiscales oportunas, temporales y específicas.

El texto reconoce que, en 2020, México tuvo una “respuesta fiscal modesta comparada con la de países similares, lo que reflejó el deseo gubernamental de no adquirir deuda para invertir en apoyos económicos”.

La propuesta de los especialistas para el 2021 es cambiar eso. Para empezar, sugieren que la administración invierta del 0.6 al 1.5 del Producto Interno Bruto (PIB) en fortalecer el sector salud. En primera instancia, la cobertura para pacientes COVID debe seguir siendo universal y gratuita, pero el país debe mejorar su calidad y capacidad.

Luego, proponen la aplicación de cambios a los programas de asistencia social para hacerlos más eficientes e incrementar su cobertura de emergencia. Este paso requeriría la inversión del 1.2% del PIB anual.

Ahí, dan una alternativa. La asistencia social existente puede crecer y, mediante un registro cruzado entre el padrón electoral y los beneficiarios existentes de los programas gubernamentales (el Sistema de Información Social Integral, SISI) y del seguro social, encontrar a las personas que forman parte del sector informal para incluirlos. O pueden crear un fondo conjunto entre el SISI y el IMSS, y crear una infraestructura nueva que cubra a los miembros del sector informal.

Esta propuesta incluye la entrega de 2 mil 36 pesos mensuales o más por, mínimo, 3 meses para personas en condición vulnerable. En otras palabras, aun cuando ya comenzó la aplicación de vacunas contra el coronavirus, México debe invertir en las personas de mayor riesgo para ayudarlos a quedarse en casa y reducir la carga sobre el sector salud.

El cuidado del patrimonio también contempla una serie de exenciones tributarias y fiscales (permiso o reprogramación de plazos para impuestos y préstamos o hipotecas) para trabajadores formales.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) proponen una inversión del 0.4% del PIB en forma de medidas de liquidez y de reducción de costos. Además, el gobierno tendría que dedicar otro tanto a la inversión pública en materia de infraestructura productiva (industrias y carreteras, por ejemplo).

En total, este plan de emergencia representaría una inversión de entre 2.5 y 3.5 % del PIB en 2021.

A partir del segundo año, México debería, en primer lugar, conservar la inversión pública en infraestructura productiva y el proyecto de crecimiento de la base de beneficiarios de los programas sociales.

Para esto, el país necesitaría realizar una reforma fiscal para incrementar la capacidad tributaria. “A pesar del incremento notable, los ingresos por impuestos de México siguen siendo los más bajos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, dice el texto y explica que éstos están estancados desde 2015.

El fortalecimiento de la asistencia social debe contemplar este incremento tributario para que no afecte desproporcionadamente a los sectores vulnerables. Otras características que los programas sociales nuevos deben tener (y los existentes deben adquirir) son una cobertura global y progresiva, es decir, que sean más sustanciosos para los beneficiarios más pobres.

Luego, que sean eficientes, para esto el sistema de censos debe evitar registros dobles y fragmentaciones de los apoyos. Tercero, debe incentivar el trabajo y la acumulación de capital humano con educación. Finalmente, debe ser estable, constante y viable financieramente.

Esta inversión a largo plazo también contempla la creación de un seguro de desempleo para cubrir a los trabajadores en caso de otra emergencia global, nacional o personal.

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