Especialistas detectaron riesgo de corrupción en programas sociales de la 4T

En el marco de la lucha contra la corrupción de gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas realizó un análisis en el que determinó que existen varios puntos que presentan riesgo de corrupción en el programa social Sembrando Vidas, uno de los proyectos más anunciados por la Cuarta Transformación.

De acuerdo con su sitio de internet, Ethos es un “think tank que transforma investigaciones y experiencias en recomendaciones claras y acciones concretas de política pública que atienden los problemas más relevantes y los principales retos para el desarrollo y progreso de México y América Latina”.

De tal modo que en su informe “Riesgos de Corrupción en los Programas Sociales”, el equipo de investigación señala cómo en el diseño e implementación de este programa con presencia en varios estados de la república podría incentivar el clientelismo y en la asignación de contratos con adjudicaciones directas.

Para llegar a ese resultado, Ethos aplicó la herramienta desarrollada en el marco del compromiso 1 del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México (AGA), llamada: “Identificación de riesgos de corrupción en programa sociales” (2020) al programa.

En particular, Sembrando Vida se promueve como el programa de restauración productiva “más grande del mundo”, por lo cual detenta un presupuesto de 28,504 millones de pesos sólo para el 2020 y busca poner en el centro de su intervención al campesinado para el rescate del campo, al mismo tiempo que combate la pobreza rural y la degradación ambiental.

El gobierno refirió en el Diario Oficial de la Federación que “el objetivo general del programa, establecido en las Reglas de Operación (ROP), es asegurar que en municipios con rezago social, los sujetos agrarios cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva su tierra”.

Sin embargo, de acuerdo con la institución civil, a la hora de revisar la lógica y congruencia de los objetivos, aparecen varias fallas y ambigüedades.

Primero, declararon que “no queda del todo claro si se trata de un programa de reforestación”, de “lucha contra la pobreza rural, de creación de empleos, de reactivación productiva o de desarrollo rural”.

También asegura que la “vertiente más económica del programa no está desarrollada”. Esto porque no existen las proyecciones que pudieran delimitar los resultados económicos para saber si Sembrando Vidas se puede definir como exitoso.

También abundan en el modelo de intervención y lo tachan de “deficiente”. “Comparado con el tamaño del programa, los tiempos para la planeación y preparación de su ejecución han sido ínfimos”, se puede leer en el informe y al mismo tiempo propusieron metas “irrealistas” contemplando el contexto y los recursos disponibles.

Otro error localizado fue de que el programa territorial no tenía focalización geográfica, lo cual plantea el siguiente riesgo “Si, al finalizar el programa, este grupo de sembradores habrán desarrollado sistemas agroforestales rentables que sirvan como ejemplos para otros productores de su comunidad, esta meta representa un volumen interesante; de lo contrario, el programa habrá tenido un impacto muy reducido”; sin embargo, esto sólo se sabrá hasta que se cumplan los tiempos del programa.

En cuanto a la selección de los beneficiarios, Ethos divisa un riesgo de clientelismo, pues tiene un modo muy flexible de afiliación al mismo.

“Si bien el registro de beneficiarios es sistematizado, cabe señalar que, dada la naturaleza del programa (autoselección y participación voluntaria de los beneficiarios), y hasta el cierre final del mismo (previsto para finales del 2020), el padrón es dinámico; es decir, con constantes procesos de bajas o altas”, lo cual infiere directamente en la opacidad del padrón de beneficiados.

Finalmente, la estructura misma de Sembrando Vidas mantiene una estructura vertical con “muchos poderes concentrados” en los niveles técnicos, procesos no debidamente normados, falta de supervisión, irregularidad en los procesos de adquisición de la proveeduría, ejercicio de transferencias directas deficientes, falta de información en la distribución de los apoyos en especie y una deficiencia en el seguimiento y sistemas de información.

Sin embargo, cabe recordar que estas alertas no comprueban la comisión de actos de corrupción, sino que solo marcan la posibilidad de los mismos ante la presunta ineficiencia del proyecto que no ha comprobado su ineficiencia.

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