Francisco Soto: el militar torturado por la cúpula militar y acusado de colaborar con los Zetas

En enero de 2018, un miembro militar comenzó una larga temporada en el “infierno”

Imagen ilustrativa de un militar mexicano. (Foto: Archivo/Infobae)
Imagen ilustrativa de un militar mexicano. (Foto: Archivo/Infobae)

El principio jurídico de presunción de inocencia consiste en asumir que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En México, demostrarlo es tan fácil como fabricar un culpable.

La vida no se detuvo mientras Francisco Soto, un subteniente del Ejército Mexicano en el 69 Batallón de Infantería, en Saltillo, Coahuila, estuvo en arraigo. Sólo él quedó en una tortuosa y prolongada pausa. Para las autoridades mexicanas, Soto y ocho de sus compañeros eran culpables de colaborar con el grupo criminal Los Zetas.

El viernes 18 de marzo de 2011, seis días después de la detención de Soto, su esposa Tania salió de la Fiscalía de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México rumbo a Saltillo, donde se encontraba su hija con sus padres.

Tanya viajó en autobús durante horas para recoger a su hija, empacar sus cosas y mudarse a la capital mexicana. Hasta hace poco, la mujer, su primogénita y Soto tenía una vida tranquila.

Tanya llegó hasta la Unidad Habitacional Militar, donde vivía con su familia, temía que los soldados le hicieran daño como lo hicieron con su esposo el día de su detención —el 13 de marzo de 2011—.

“Después de ver a Paco (Francisco Soto) yo lo único que hacía era llorar”, confesó Tanya al periodista Pablo Ferri de El País. Según Tanya, Francisco era otro en la fiscalía. “Estaba golpeado y asustado”, cuenta la mujer.

El camino de vuelta a la Ciudad de México no fue menos tortuoso. Mientras Tanya y su hija, acompañadas de un sobrino, regresaban a la ciudad, Soto fue sacado de la Fiscalía y llevado a una casa de arraigo en la colonia Doctores. Ahí Tanya visitó todos los días a su marido. La vida familiar se había convertido en visitas contadas.

Soto había sido acusado de colaborar para Los Zetas. Las señalizaciones nacen de las declaraciones de dos presuntos miembros del grupo criminal: el “Gerry” y “Guacho”. De acuerdo con éste último, en Saltillo tenían todo controlado.

La versión del sicario apunta que Los Zetas pagaban entre 10,000 y 50,000 pesos a los militares, y el era el encargado de la nómina.

La versión del “Gerry” es aún más contundente. En su declaración, el criminal inculpa a Soto argumentando que Soto era uno de los enlaces con Los Zetas. Luego, ante un juez militar, el “Gerry” negó la acusación y dijo que los agentes de la SEIDO le obligaron a incriminar al teniente.

El 1 de mayo de 2017, seis años de la detención de Soto, éste y ocho de sus compañeros militares fueron condenados a 26 años de prisión por colaborar con el Cartel de Los Zetas.

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