FGR desmintió el número de denuncias que habría presentado la Secretaría de la Función Pública

Durante su comparecencia ante el pleno de la cámara de diputados, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, enlistó las inhabilitaciones, sanciones, suspensiones y amonestaciones que tuvieron lugar durante el segundo año de su mandato.

Por otra parte, informó que su dependencia también habría promovido e incluso presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversos actores de la vida política pública o a privados.

“En esta administración hemos aplicado todas las sanciones administrativas a nuestro alcance y, además, hemos promovido procesos judiciales; de hecho en solo dos años he presentado ante la FGR más de 513 denuncias penales, dos veces más que en todo el sexenio pasado”.

La funcionaria pública confirmó también que 388 de dichas denuncias habían sido en contra de funcionarios de diferentes instituciones, dependencias, fideicomisos y otras oficinas públicas.

Sin embargo, la FGR aclaró al diario El Universal que sus registros indican que únicamente se han recibido 363 denuncias de las referidas durante la comparecencia de Sandoval. De éstas, 266 se habrían canalizado a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Además, 39 se habrían presentado ante la Subprocuraduría de Control Regional, 31 más en la Fiscalía especializada en Delitos Electorales, 17 en la Unidad del Sistema Penal Acusatorio y por último, 10 más en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra Mujeres y Trata de Personas, informó la periodista Diana Lastiri.

Aclararon a través de una carta dirigida al medio de comunicación que ninguna de las denuncias de la Función Pública ha sido judicializada por el momento, pues aún no se terminan de integrar las carpetas de investigación.

Durante su comparecencia frente a las diputadas y diputados de México, Irma Eréndira Sandoval aseguró que durante su segundo año frente a la SFP “aceleramos la marcha para terminar con la impunidad y construir una administración publica orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que verdaderamente contribuya al bienestar de los mexicanos”.

“Este gobierno será recordado por moralizar la política e inaugurar una nueva ética pública. Con hechos estamos demostrando que no encubrimos a nadie, que no actuamos bajo consignas y no permitimos la impunidad”, aseguró.

De acuerdo con la funcionaria del gabinete federal, durante su segundo año se impusieron más de 5,000 sanciones a servidores públicos, más de 1,500 inhabilitaciones, casi 1,000 suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones.

Además, aseguró que se han sancionado a funcionarios de los más altos niveles, ex secretarios de estado, ex directores generales de empresas productivas del estado, ex gobernadores y ex miembros del gabinete de seguridad, quienes, aseguró, enfrentan procesos judiciales y administrativos.

Como ejemplo puso a Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido, así como “la rápida inhabilitación impuesta a los responsables de que una niña guatemalteca perdiera la vida por una negligencia médica en una estación migratoria por culpa de funcionarios de esta administración”.

En el sector salud, informó que en las últimas semanas aplicaron multas por más de 21 millones de pesos a más de una docena de proveedores que “a través de mentiras, incumplimientos y defraudaciones afectaron la operación del ISSSTE y sus usuarios”.

Además, se inhabilitó y multaron a un par de empresas que participaron en una adjudicación directa del IMSS para servicios de anestesiología, pues “falsearon información y actuaron con dolo contra el estado y el sistema de salud mexicano”.

Desde el 11 de septiembre, informó, que se le rescindió el contrato a otra empresa que subrogaba los servicios para administración y dispensación de medicamentos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, además de estar sujeta a proceso ante la SFP para reintegrar los pagos en exceso.

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