Personal de la FGR desalojó a manifestantes que exigían la liberación de la activista Kenia Hernández

La madrugada de este 1 de noviembre personal de la Fiscalía General de la República (FGR), desalojó a personas que estaban instaladas en plantón, desde el 26 de octubre, exigiendo la liberación de la defensora Kenia Hernández, en las instalaciones de la fiscalía.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) reportó lo anterior la mañana de este domingo. En un breve comunicado, señala “que las y los integrantes del campamento fueron sorprendidos por el personal, quienes les arrebataron pertenencias y destrozaron sus casas de campaña, por lo que tuvieron que huir. Durante el evento incluso una bebé de 9 meses fue jaloneada por elementos oficiales”.

El pasado 24 de octubre, decenas de organizaciones civiles celebraron la puesta en libertad de la activista Kenia Hernández. Sin embargo, sólo cuatro horas después de abandonar el penal de Santiaguito, en el Estado de México, la joven fue detenida de nuevo y está siendo trasladada este domingo a una prisión de Acapulco, Guerrero, según informó en Twitter Antonio Lara, abogado del Centro Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

“Es nuestro deber informar una grave injusticia en contra de Kenia Inés Hernández Montalván. Cuatro horas después de lograr la libertad de Kenia bajo medidas cautelares en el Estado de México, el juez José Miguel López Rodríguez, del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el estado de Guerrero, giró en la causa penal 392/2020 una nueva orden de aprehensión, ahora, por el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación. Razón por la cual Kenia está siendo trasladada al penal de Acapulco en estos momentos, en el ámbito federal”, explicó el letrado a través de un video en Twitter.

En septiembre de 2019, la coordinadora del colectivo Zapata Vive se vio forzada a marcharse de Guerrero por la persecución política que sufría, producto de su activismo. Se convirtió entonces en beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), cambiando su residencia al Estado de México.

En los últimos cuatro meses, la abogada indígena fue arrestada en tres ocasiones. La primera ocurrió en la noche del 6 de junio, en la caseta Hortaliza-Valle de Bravo. Elementos de la Secretaría de Seguridad de Edomex la apresaron junto a dos menores cuando circulaba por la zona. A ella la trasladaron al reclusorio de Chiconautla de Ecatepec, y a los dos jóvenes al centro para adolescentes Quinta del Bosque, de Zinacantepec.

Según explicó entonces Antonio Lara, trabajadores de la caseta y vehículos de la SSE rodearon el auto de Kenia Hernández y le bloquearon el paso. Después, llegaron ocho patrullas más que realizaron la captura. En ese momento, los agentes no acreditaron debidamente la orden de detención, y hasta el domingo no notificaron que la aprehensión se había realizado por un supuesto cargo de robo con violencia. El representante legal denunció que se les “fabricó” el delito, y solo unos días después, los tres arrestados fueron puestos en libertad.

Tras los hechos, la defensora de los derechos humanos, que trabaja “por la tierra, la identidad colectiva y el feminismo”, sumó a su lucha la defensa de casos de mujeres encarceladas injustamente. Cuatro meses después, a las 18:50 del 18 de octubre, fue detenida de nuevo en la caseta de Amozoc, Puebla.

En esa ocasión, oficiales no identificados utilizaron la violencia para arrestarla, de acuerdo al letrado Antonio Lara. Kenia Hernández fue acusada de robo con violencia bajo la causa penal 360/2020. De acuerdo a la carpeta de investigación abierta en el Estado de México, "el pasado mes de febrero, Kenia “N” habría tomado la caseta de la autopista Toluca-Zitácuaro a la altura de la comunidad de San Pedro la Hortaliza, municipio de Almoloya de Juárez, lugar donde ella y otras personas despojaron del dinero del cobro de peaje a dos empleados de dicho sitio".

El sábado 24 de octubre, se abonó una fianza de 30 mil pesos (USD 1,437) para que Kenia pudiera enfrentar el proceso judicial en libertad. Sin embargo, horas después, José Miguel López, juez federal de Guerrero, giró una nueva orden de aprehensión por el delito de ataques a las vías de comunicación, motivo por el que la activista fue trasladada este domingo a ese estado, de donde se marchó en 2019 por supuestos intentos de judicialización.

Para su representante legal, la activista mexicana es víctima de “una campaña de criminalización” promovida por las autoridades y empresas concesionarias; cree que la vida de la acusada corre peligro, y por ello solicitó a los usuarios de redes sociales unir sus voces para exigir justicia.

“Pedimos mantener la solidaridad y atención a Kenia Inés, porque una campaña de criminalización y señalamiento en su contra, impulsada por empresas concesionarias y gobierno, persiste en mantenerla en prisión a como dé lugar. La movilización y organización ha logrado liberarla anteriormente, y de nueva cuenta, se requiere que todos y todas, quienes creemos en la dignidad humana, la justicia y la libertad, cerremos filas ante este abuso”, dijo Antonio Lara.

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