Rubén Rocha Moya, senador de Sinaloa, tiene más de 30 meses sin actualizar sus declaraciones

Rubén Rocha Moya, senador por Morena, no ha presentado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y del ejercicio de impuestos federales desde hace más de 30 meses.

De acuerdo con el periodista Víctor Hugo Arteaga, el también aspirante a la gubernatura de Sinaloa se encuentra en falta técnica ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde hace más de dos años, ya que sus declaraciones de bienes y patrimonial no las presenta desde 2018, mientras que la declaración de impuestos no ha sido actualizada desde 2017.

Por motivos de la pandemia de COVID-19, el Senado de la República otorgó un lapso para que los congresistas presentaran sus declaraciones estipulada por la Ley de Servidores Públicos. Dicho plazo finalizó el 30 de septiembre de 2020, y Rocha Moya no actualizó sus declaraciones, tanto en Declaranet, portal de la Auditoría Superior de la Federación, como en la plataforma 3 de 3.

El senador tampoco ha respondido a un presunto conflicto de intereses por más de 64 millones de pesos durante su paso como coordinador de asesores del gobernador de Sinaloa (2005-2010 y en 2017) y subdirector de capacitación del ISSSTE (2013-2017).

Según con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), en 2018 se llevó a cabo un debate entre candidatos a senadores de Sinaloa. Ahí, Manuel Clouthier increpó a Rocha Moya sobre la posición de su hijo, Rubén Rocha Ruiz, quien es contratista de obras de gobierno desde 2009.

Ante esto, el actual congresista simplemente se limitó a decir que si había algún conflicto de interés, que se le investigara y se le aplicara la ley. Según la publicación de MCI, entre 2010 y 2018, la empresa Chocosa, propiedad de su hijo, obtuvo 64 millones 660,930 pesos en contratos con el gobierno de Sinaloa y con los ayuntamientos y juntas de agua de Culiacán y Mocorito.

El primer contrato obtenido por Chocosa fue otorgado ocho meses después de constituida la empresa. Éste fue por parte de la Secretaría de Obras de Sinaloa por un monto de 292,320 pesos, con el fin de realizar un estudio de proyecto para construir un tramo carretero.

Durante marzo de 2010, cuando Rocha Moya era parte del gabinete estatal, Chocosa recibió tres contratos más, que en total obtuvieron un millón 403,178 pesos.

Ya para 2017, cuando el ahora senador era parte del Gobierno entrante de Quirino Ordaz Coppel, la constructora de su hijo obtuvo cuatro contratos más de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, que representaron un total de 6 millones 781,782 pesos.

En el 2017 entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual define al conflicto de interés como “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó el uso de cuestionarios y formularios para detectar situaciones de conflicto de intereses entre los servidores públicos, como el realizado por la SFP, el cual es llamado “conflictómetro”.

Al parecer, esta falta de declaraciones ha influido en sus aspiraciones por ser gobernador de Sinaloa, pues las últimas encuestas muestran una clara tendencia a la baja en sus niveles de aprobación entre el electorado de aquel estado.

Finalmente, la casa encuestadora Ceoline reportó que el 47% de los encuestados conoce a Rocha Moya, pero solamente 31% tiene una muy buena y buena percepción de él. Además, se encuentra en el tercer puesto de posible candidato por Morena, detrás de Jesús Vizcarra (primer lugar) y de Tatiana Clouthier (segundo lugar).

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