Senadores del PAN criticaron estrategia federal contra la violencia e inseguridad en México

Los senadores panistas Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda criticaron la estrategia implementada durante los 22 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de combate a la violencia y la inseguridad.

A través de una conferencia virtual celebrada este jueves 22 de octubre, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) estableció una agenda en la que tanto Gálvez Ruiz como Zepeda Vidales señalaron los puntos débiles de la metodología establecida por el ejecutivo federal en cuanto a la contención de los delitos violentos en México.

Durante su participación, el secretario de la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado de la República aseguró que, en este rubro, la 4T fracasó rotundamente, pues en el territorio nacional se vive una ola de violencia “imparable”. También señaló que el 2019 será recordado como el año más violento en la historia moderna de México y que el 2020 “va peor”.

Para argumentar su postulado, el abogado sonorense puntualizó que “los homicidios, el narcomenudeo, los feminicidios, los delitos de delincuencia organizada, han venido incrementando”, posteriormente señaló los incumplimientos en materia de seguridad.

Por su cuenta, la secretaria de la comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana se enfocó en la violencia ejercida en contra de las mujeres de México.

“Yo quisiera sumar a este fracaso el tema de los feminicidios, tomando en cuenta los primeros 22 meses de este gobierno hay un incremento real de los feminicidios en un 12% respecto a los mismos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya había sido de por sí el sexenio violento en materia de feminicidios”, inició su participación la senadora.

Para explicar este incremento, la ingeniera de la UNAM abordó este tema desde el daño a las instituciones que proporcionaban algún tipo de apoyo social a las mujeres, como la red de refugios que atendían a las mujeres víctimas de violencia, la reducción de presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres o el cierre de las estancias infantiles.

“El cierre de las estancias infantiles pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene que ver quitando la independencia económica a las mujeres, muchas mujeres no pueden huir de sus víctimas porque no tienen manera de sobrevivir económicamente fuera de este lugar, que es su hogar, donde está el victimario”, declaró.

Cabe señalar que parte de estas críticas coincide con lo señalado por el doctor Álvaro Vizcaíno, ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien durante su participación en el foro Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en materia de pobreza y seguridad, organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Jenkins Graduate School fue muy contundente en señalar dos puntos:

El primero es que la delincuencia se combate desde lo local, es decir, se debe de dar prioridad a las policías municipales para que puedan combatir adecuadamente a los grupos delincuenciales, esto contradice las políticas en las que se faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar labores policiacas.

El segundo punto fue el presupuesto destinado al fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Subsidio para el fortalecimiento de la seguridad (Fortaseg) es insuficiente.

El FASP se identifica porque normalmente va dirigido al combate de la delincuencia de manera estatal representando, en promedio, el 80% de los gastos de operación e inversión. Cabe señalar que éste no se usa para pagar sueldos ni gasto corriente y que desde el 2015 ha sufrido numerosos recortes presupuestales, pasando de tener fondos por 10,000 millones de pesos hasta 7,000 millones en 2007. Y, aunque la administración de AMLO lo incrementara a 7,600 para 2021, de acuerdo con el experto, resulta insuficiente.

Por su cuenta, el Fortaseg es de carácter municipal y también ha tenido numerosos recortes, a tal punto que para el 2021 se espera que desaparezca. En 2018, a la llegada del político tabasqueño a la presidencia, éste operaba con 4,139 millones de pesos; sin embargo, para el próximo año no se le destinarán recursos.

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