Hacia una Suprema Corte sin activismo judicial

Para realizar una lectura objetiva y transversal de las necesidades reales que enfrentan las mujeres en este país

CIUDAD DE MÉXICO. 28NOVIEMBRE2019.- El magistrado Sergio Javier Molina Martínez fue electo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consejero de la Judicatura Federal.
Ocupará el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2024. Hoy se elegió al magistrado durante la sesiónde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO. 28NOVIEMBRE2019.- El magistrado Sergio Javier Molina Martínez fue electo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consejero de la Judicatura Federal. Ocupará el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2024. Hoy se elegió al magistrado durante la sesiónde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

El papel de los tribunales constitucionales es velar por el cumplimiento y control de la Supremacía Constitucional. Este tecnicismo propio del foro jurídico, en palabras simples y llanas significa que las cortes o tribunales supremos representan las instancias encargadas de garantizar tanto los derechos fundamentales de las personas, como los principios que organizan al Estado tales como la democracia, división de poderes, federalismo, la participación ciudadana.

En todas las latitudes del mundo, los tribunales modernos enfrentan casos y resoluciones que pueden dar lugar a puntos de vista divergentes e inclusive polarizar a algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, existen temas en donde se han creado narrativas ajenas a la función jurisdiccional, que han convertido a las salas y aulas judiciales en espacios proclives para una promoción desmedida de enfoques activistas.

Este fenómeno que, si bien no es nuevo en el funcionamiento de los tribunales, en el caso mexicano se ha observado de manera clara en la discusión del aborto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hace apenas algunas semanas, la primera sala de la Suprema Corte abordó un nuevo asunto derivado del estudio de un amparo por omisión legislativa promovido por organizaciones civiles bajo el argumento de que el Congreso local veracruzano debía obligatoriamente reformar el Código Penal de la entidad para despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación y eliminar los 90 días previstos como excluyente de responsabilidad para abortar en casos de violación.

El resultado es públicamente conocido. El proyecto fue rechazado por 4 de los 5 ministros que integran la sala bajo argumentos que podríamos denominar como de “mera formalidad”. No obstante, los ministros consideraron que no se configuró tal omisión legislativa toda vez que el Código Penal de la entidad ya regula el aborto y por ende la Corte no puede obligar al Congreso de Veracruz a legislar en un determinado sentido y menos suponer que el no hacerlo representa un acto discriminatorio.

Más allá de las fronteras legales en las que suelen desenvolverse este tipo de asuntos, fue muy llamativo que de acuerdo con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Corte no puede rebasar las facultades que la Constitución le confiere, pues de hacerlo, el máximo tribunal se colocaría en un rol de “activismo judicial”.

¿Por qué es oportuno enfatizar este término? Esta expresión de la ministra es clave y cobra relevancia al momento de recapitular el comportamiento de la Suprema Corte durante los últimos 12 años en relación con la regulación del aborto. Prácticamente durante este periodo, el debate judicial ha estado marcado por una visión ideológica en la que suele predominar una manera parcial de interpretar el contenido de los derechos que la propia Constitución y las normas internacionales garantizan a las mujeres.

La mayoría de las resoluciones adoptadas desde la Corte pretenden colocar al aborto como el “máximo derecho” de las mujeres, una afirmación irreductible que no admite mayor análisis y ha dejado bastantes huecos argumentativos en las sentencias, a pesar de la evidencia de política pública que indica que la incidencia del aborto representa tan sólo la punta del iceberg y es reflejo sintomático de otras patologías que exigirían al Estado en su conjunto – háblese gobiernos, congresos, tribunales – la construcción de políticas sociales de mayor envergadura en materia de salud, educación, seguridad, empleo e igualdad de oportunidades para las mujeres y sus hijos.

El activismo judicial al que alude la Ministra Piña Hernández adquiere una doble dimensión en el contexto de futuras discusiones sobre el aborto. Primero, porque ha quedado claro que la responsabilidad de la Corte es hacer que la Constitución se cumpla, defendiendo los derechos que establece y manteniendo el orden y equilibrio de los poderes de la República. Esa es la función neutra e imparcial que corresponde a una auténtica corte constitucional.

Segundo, a partir de este fallo de Veracruz, la expectativa de un tribunal que rechaza el activismo judicial como bandera de su actuación, tiene que ver con mirar más allá de las estrategias que plantea el expediente y realizar una lectura objetiva y transversal de las necesidades reales que enfrentan las mujeres en este país, por ejemplo: a) carencia de servicios de salud elementales, b) discriminación y rechazo por embarazo, c) una política integral en materia de prevención de violencia, d) falta de mecanismos efectivos para exigir una paternidad responsable, e) ausencia de empleos dignamente remunerados en igualdad de circunstancias que los varones, f) carencia de políticas públicas suficientes y de calidad para el cuidado de sus hijos desde los primeros años de vida.

Se trata tan solo de algunos ejemplos de un catálogo de necesidades y al mismo tiempo de derechos que la Constitución y las leyes ya reconocen y establecen sus bases para hacerlos realidad ¿por qué no empezar por ahí?

El de hoy, es un momento por demás oportuno para que la Corte a partir de esta hoja de ruta y de la experiencia acumulada, pueda abrir paso hacia una nueva etapa en su rol de tribunal de constitucional y la responsabilidad que le corresponde para asegurar la vigencia de los derechos de las mujeres bajo una visión de protección integral hacia la sociedad y las generaciones de mexicanos por venir.

Especialista en análisis y diseño de políticas públicas transversales y sistemas federales. Director ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.
Especialista en análisis y diseño de políticas públicas transversales y sistemas federales. Director ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

*Abogado. Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Especialista en análisis y diseño de políticas públicas transversales y sistemas federales. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

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