Rosario Robles permanece en prisión: fiscalía rechazó pruebas de excolaboradores

Enrique Prado Ordóñez y Sonia Angélica Zaragoza González pretendían que la FGR fuera obligada a aceptarles 3 pruebas de descargo

Rosario Robles fue acusada de ejercicio indebido del servicio público (Foto: Cuartoscuro)
Rosario Robles fue acusada de ejercicio indebido del servicio público (Foto: Cuartoscuro)

Rosario Robles continúa hundiéndose. Este fin de semana, un juez federal negó a dos ex colaboradores de la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el amparo con el que pretendían que la Fiscalía General de la República (FGR)  fuera obligada a aceptarles 3 pruebas de descargo, en la investigación de un desvío de 124 millones de pesos en la Estafa Maestra.

Los subordinados son Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, directora General de Recursos Humanos, cargos que desempeñaron en la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar. 

El Juez Segundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, Antonio González García, resolvió que si bien los quejosos tienen derecho a ofrecer pruebas, la FGR no está obligada a aceptarlas en su totalidad, porque su admisión depende de los requisitos y límites que marcan las leyes secundarias.

“La defensa adecuada a que refiere el artículo 20 constitucional, en el apartado correspondiente, consiste en dar oportunidad a todo inculpado de aportar pruebas durante la etapa de la averiguación previa, lo que no implica como lo pretende el quejoso, que sin limitación alguna se provean de conformidad todas las probanzas que él o su defensor ofrezcan durante dicha etapa”, señala la sentencia del juez, según el diario Reforma.

Prado Ordóñez y Zaragoza González presentaron como evidencias una copia del Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sedesol. 

La ex funcionaria de 63 años está acusada de desvío de recursos (Foto: Cuartoscuro)
La ex funcionaria de 63 años está acusada de desvío de recursos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo solicitaron a la Secretaría de Bienestar  una copia certificada del documento indicado para que fuera cotejado con el que ellos ofrecieron en copia simple. 

La tercera evidencia es la copia certificada del audio y video de la audiencia en la que Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Sedesol, no fue vinculado a proceso por este supuesto desvío de 124 millones de pesos.

La Fiscalía rechazó admitirles estas pruebas ya que, en el caso del Acuerdo, aseguró que es una norma que no está sujeta al ofrecimiento de pruebas porque la FGR tendría la obligación de considerarlo en caso de ser aplicable a su investigación.

Respecto a la grabación, afirmó que Prado y Zaragoza no señalaron el número de causa penal para solicitarlo a la autoridad judicial y mucho menos precisaron la relación jurídica que guarda el caso de Simón Pedro de León con el expediente que se sigue contra ellos.

El diario mexicano precisó que el 3 de abril de 2019, un juez de control negó vincular proceso a de León Mojarro, al estimar que no existían elementos para relacionarlo con una presunta contratación indebida de 124 millones de pesos que hizo la Sedesol con la Universidad Intercultural del Estado de México.

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