Emilio Lozoya volvería a firmar de forma “virtual”: evita acudir al juzgado mientras el caso parece estancado

El ex director de Pemex haría este proceso de manera electrónica para preservar la libertad condicional que le fue concedida

Emilio Lozoya (Foto: Cuartoscuro)
Emilio Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 15 de agosto, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), deberá firmar por segunda ocasión la hoja de procesado ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares (Umeca), la cual depende de la Guardia Nacional; sin embargo, no lo hará de manera presencial.

La primera vez que el ex funcionario cumplió con esta medida cautelar citada por los jueces que conducen los casos de Agronitrogenados y Odebrecht fue vía electrónica, por lo que es posible que vuelva a llevar a cabo este proceso a través de un correo digital, tal y como lo hizo el primer día de agosto.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), misma que se encarga de los centros penitenciarios a nivel federal, desde el mes de marzo de este año ningún procesado en libertad provisional ha tenido que acudir a las instalaciones de alguna Umeca, con el objetivo de evitar riesgo de contagio de COVID-19.

Los procesados, puntualizó la Secretaría, podrán acudir a las unidades hasta que se levante la emergencia sanitaria. Cabe recordar que el Lozoya Austin tiene la obligación de firmar los días 1 y 15 de cada mes para comprobar que no ha salido del país y así preservar la libertad condicional que le fue concedida.

Cabe recordar que Lozoya ya fue vinculado a proceso por el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no fue a prisión ni fue sometido a resguardo domiciliario, por lo que ha continuado con su proceso en libertad.

(Foto: José Méndez/EFE)
(Foto: José Méndez/EFE)

Las únicas medidas a las que fue sometido son al uso de un brazalete electrónico, mismo que debIó pagar con su propio dinero y la obligación de firmar cada 15 días, por el momento de manera electrónica.

No obstante, según la periodista Peniley Ramírez, hay varios cabos sueltos en la investigación contra el ex funcionario. En su columna del diario El Universal, Ramírez informó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha presentado cinco denuncias contra Lozoya, pero solamente dos se han judicializado y en las otras tres no hay información al respecto.

Por otra parte, en busca de disminuir su posible castigo, Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Peña Nieto, de quien fuera su mano derecha, y contra Luis Videgaray, el ex titular de dos Secretarías en el sexenio pasado.

De acuerdo con el relato del ex funcionario, Peña Nieto y Videgaray dirigieron y repartieron los sobornos que la compañía Odebrecht habría pagado en México para inyectar en la campaña presidencial del primero en 2012 y también aquellos recursos que fueron destinados a legisladores para aprobar reformas estructurales entre 2013 y 2014.

(Foto: Cuartoscuro/ Especial)
(Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Sin embargo, esto apenas es el comienzo del proceso, advirtió el especialista en derecho penal y derecho victimal, Julio Hernández Barros, pues “esta denuncia es la que abre la carpeta de investigación, es su primer acto, y la autoridad deberá investigar si es real lo que se señala”.

Por su parte, el doctor en derecho constitucional y en ciencias penales José Óscar Valdés alertó que el tema es más político que jurídico. “Les da para un tema mediático, pero judicialmente no hay caso”, señaló.

El argumento bajo esta premisa es que los posibles delitos electorales que se puedan perseguir contra el ex mandatario y contra Videgaray ya habrían prescrito, de acuerdo con Valdés. “Lo que hacen es pan y circo y el pan ya se acabó”, concluyó.

Si bien el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, señaló que todas las imputaciones contra Lozoya no han prescrito, no se refirió a aquellas en donde podrían estar involucrados Peña Nieto y el ex canciller.

Por lo tanto, los expertos coincidieron en que debido a que la prescripción de delitos electorales está cumplida, habría que fijar el foco en el delito de peculado, es decir, el robo de dinero que le pertenece al Estado por parte de quienes están encargados de manejarlo.

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