En solo cinco años, la violencia llevó a Colima a ser el primer lugar en homicidios dolosos de todo México

Tan solo en cinco años, el estado de Colima ha vivido una intensificación de la violencia que actualmente lo tiene como el primer lugar en la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESNSP).

Según explica El Universal, de tener una tasa de 22.45 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2015, la cifra se triplicó para el 2016 (68.33%) y desde entonces cada año se incrementó (hasta 85.40% en 2019).

La ola de violencia que ha marcado el sexenio del priista José Ignacio Peralta Sánchez, quien inició su gobierno el 11 de febrero de 2016, ha alcanzado también a los círculos políticos y de servicio público. Y es que durante estos años se registraron los homicidios de por lo menos 10 funcionarios de distintos niveles y se atentó contra otros dos. Además al menos 27 elementos de distintas corporaciones policiacas fueron asesinados.

Y solo en lo que va de este mes, se localizó en una fosa clandestina el cuerpo de la diputada local Anel Bueno; siete policías estatales fueron retenidos y después asesinados por un grupo armado; el juez federal Uriel Villegas y su esposa murieron a manos de sicarios que ingresaron a su domicilio.

El inicio de la escalada de violencia

El 12 de octubre de 2015 dos hombres armados ingresaron a un concurrido restaurante donde el exgobernador de Colima Fernando Moreno Peña desayunaba con un amigo y le dispararon en cuatro ocasiones. Moreno Peña sobrevivió al ataque.

Diez días después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección ordinaria y revocó el triunfo del priísta José Ignacio Peralta Sánchez. Durante el debate de la campaña extraordinaria, el entonces candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, acusó a su contrincante del PRI de recibir dinero de la delincuencia organizada para financiar su campaña; su fuente era un video que se difundió en redes sociales, donde un supuesto narcotraficante confiesa estar esperando el triunfo del priísta para que su grupo delictivo fuera beneficiado.

Sin importar dichas acusaciones, Peralta Sánchez volvió a ganar las elecciones y se convirtió en gobernador. Tenía cinco meses en el cargo cuando se registró el primer homicidio contra un funcionario. El 6 de julio de 2016, Jaime Vázquez Montes, delegado de Sedatu y hermano del exgobernador Gustavo Vázquez Montes, fueron asesinados en la ciudad de Colima.

En 2017 ocurrieron los asesinatos de Daniel Cortés, director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en agosto; Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán, en octubre, y Christian Montero Ibarra, exdirector de la Policía de Tránsito y Vialidad de Manzanillo.

En febrero de 2018 se registró el homicidio, en Tecomán, del regidor Martín Cázares; en marzo de ese año fue abatido en la capital del estado Javier Álvarez, subdirector Jurídico del Centro de Reinserción Social del estado, y en agosto mataron en Armería a Rosalío González, regidor electo de ese municipio.

Luego, en julio del año pasado Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, fue atacada a tiros por dos personas; logró salir ilesa. En agosto Mario Álvarez, expresidente municipal de Aquila, en Michoacán, fue asesinado en las calles de la capital colimense.

Por otro lado, entre noviembre de 2016 y enero de 2017 fueron asesinados seis agentes de distintas corporaciones de Colima y en uno de los casos se encontró un mensaje que advertía de una cacería contra los elementos.

Precisamente, el Registro de Policías Asesinados hecho por la organización Causa en Común, indica que entre enero de 2018 y mayo de 2020 fueron abatidos 22 policías en la entidad.

Miguel Ángel Vargas, director del portal informativo Estación Pacífico, señaló para El Universal que en Colima se rompió cierta paz criminal, situación reflejada en los datos. Sin embargo, advirtió que lo más preocupante es el nivel de impunidad que impera en ese estado.

“Aquí parece que no se siente la obligación de investigar, ni siquiera de construir explicaciones para la sociedad de cómo entiende la autoridad que sucedieron las cosas y por qué; hay un tremendo hermetismo en las instituciones de procuración e impartición de justicia y nadie asume cierta responsabilidad política de rendir cuentas”, señaló a dicho medio.

Además, Vargas destacó que ante este escenario, los políticos de Colima hacen declaraciones públicas en las que se pide justicia y esclarecimiento de la verdad. No obstante en el discurso privado, fuera de grabación, se tiende a revictimizar a quienes fueron asesinados, dando a entender que en algo estaban metidos.

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