Jalisco y Aguascalientes presentarán controversia constitucional contra acuerdo que impide generación de energías limpias

Este jueves, los gobiernos estatales de Jalisco y Aguascalientes presentarán una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que limita las fuentes de energías renovables y aumenta el costo de operación de las centrales de energía eólica o solar. 

La propuesta fue lanzada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro a la que se sumó el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco. 

Al realizar el anuncio a través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Alfaro Ramírez señaló que el acuerdo de la Sener limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión, algo que afecta directamente proyectos de ese tipo en la entidad.

“Estas medidas constituyen un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales”, dijo el gobernador. 

En el clip de 5:38 minutos de duración, el mandatario jalisciense recordó que el pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Sener por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional “toda vez que afecta directamente atribuciones originarias concurrentes conferidas a las entidades federativas por nuestra Constitución Política (...) en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente”. 

Destacó que “en el ámbito climático y de la salud pública, esta política de confiabilidad se contrapone significativamente con la agenda climática y los compromisos globales adquiridos por México por sus gobiernos nacionales y por los particulares en el marco del Acuerdo de París y la Agenda 2030”, dijo.

“En el aspecto económico, las directrices de política energética del gobierno federal transgreden el principio constitucional de libre competencia, bajo el cual, debe de operar el sistema eléctrico nacional respecto a la generación y comercialización de energía al limitar el acceso y desarrollo de las energías renovables. Esto podría implicar para nuestro país una afectación de 6,400 millones de dólares (USD) en inversión extranjera directa y la pérdida de 30,000 empleos en Jalisco ya que se verían afectados, tan sólo para el estado, 16 proyectos que representan una inversión que ronda los 2,000 millones de dólares”. 

Por su parte y al anunciar que se sumaría a la controversia constitucional, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que llegó a esa decisión luego de reunirse con dirigentes de empresas extranjeras “que apostaron por las energías limpias” en su entidad. 

Durante la reunión de mandatarios de la Alianza Centro-Bajío Occidente de México, Orozco Sandoval dijo que la iniciativa de la Secretaría de Energía ocasionaría que el país no cuente con energías renovables, y siga abonando a la contaminación a través de un monopolio total de la CFE.

Aseguró que los inversionistas en su entidad “están asustados” e “inconformes” con el cambio que hicieron en el tema de energías alternativas, que tienen que estar yendo a los amparos a pelear un área tan importante. 

Luego de afirmar que en el tema energético “nos estamos yendo hacia 1970, o más”, Orozco mencionó que antes de viajar a Jalisco tuvo una reunión con los representantes de nueve proyectos fotovoltaicos “y los vamos a apoyar, (ellos) están pidiendo también el apoyo”. 

“(...) Estos son los temas que les decía hace rato, si esta región es muy fuerte en atracción de inversión extranjera, estos cambios de jugada, sí decepcionan y nos complican más el poder generar inversión de otros lados, entonces Aguascalientes sí le entra”, señaló.

Reiteró que su administración brindará total respaldo a los proyectos de energías renovables que están siendo amenazados por las nuevas disposiciones del gobierno federal, que ponen en riesgo las inversiones extranjeras y su aplicación puede significar un retroceso para el desarrollo nacional.

“No dejaremos de defender nuestra postura, la de proteger los más de 600 empleos que se generan en Aguascalientes en este sector y las inversiones de otros países que han tenido la confianza en la entidad”, dijo el mandatario estatal.

Se comprometió a poner en la mesa este tema durante la próxima reunión que la Conferencia Nacional de Gobernadores tendrá con el gobierno federal para alzar la voz y buscar soluciones viables y efectivas.

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