Empresarios mexicanos aseguraron que la política eléctrica impacta al 14% del PIB

Los recientes cambios en la política energética que está viviendo México afectan a un volumen de empresas que genera el 14% del producto interno bruto (PIB) del país, denunció este viernes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Sabemos que (los cambios) afectarán directamente el abasto eléctrico, que representa ya en este momento el 14% del PIB del país”, aseguró en una conferencia telemática Carlos Salazar, presidente del organismo cúpula de los empresarios mexicanos.

Salazar calificó de “increíble e inadmisible” la última modificación en materia energética de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que este jueves aprobó un proyecto que subirá las tarifas a los productores privados de renovables por usar la red de transmisión.

“Es un nuevo caso en el camino hacia inhibir la competencia, imponer barreras arbitrarias y violar los derechos de la iniciativa privada y los consumidores”, consideró el empresario, convencido de que esa medida aumentará los precios de los recibos.

El presidente del CCE dijo que esa “afrenta al Estado de derecho” se suma a los últimos acontecimientos, que incluyen una “desvirtuación” de los certificados de energías limpias, limitaciones en el autoabastecimiento y los cambios de este último mes.

El 1 de mayo entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que ya ha desatado una batalla legal.

En esa misma línea, dos semanas después, la Secretaría de Energía estableció un cambio en el criterio de despacho, arrinconando el criterio económico por uno nuevo de “confiabilidad” que creó confusión en el sector.

“Este acuerdo nos regresa 30 años en el tiempo”, lamentó Salazar tras denunciar que “detrás de cada una de estas medidas está el deseo de la (estatal) Comisión Federal de Electricidad (CFE) por capturar el mercado de una manera artificial”.

Además, el empresario se quejó de cómo estas decisiones contribuyen a “destruir la confianza” en los inversionistas, sobre todo a poco más de un mes de la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nos parece que es mandar un pésimo mensaje a los inversionistas extranjeros primero, y a los nacionales, de que aquí se cambian las leyes para favorecer a un participante”, dijo en referencia a la CFE.

PREOCUPACIÓN EN LOS INDUSTRIALES

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Francisco Cervantes, mostró también su preocupación por el sector energético, ya que podría suponer un aumento de costes para sus asociados.

“Los cambios unilaterales en los costos de porteo elevan nuestros costos de electricidad de manera directa y ponen en riesgo la rentabilidad del empleo, y en algunos casos sectores industriales completos en el país”, alertó.

Cervantes mostró la disposición de CONCAMIN de acudir a los tribunales, donde al menos 18 empresas ya han conseguido amparos, e incluso a instancias internacionales para revertir estas decisiones.

Nueva política energética de López Obrador provoca choques con los socios comerciales de México

La nueva política energética del Gobierno mexicano, que limita la generación privada de renovables, generará conflictos inesperados con sus socios comerciales de Norteamérica y de la Unión Europea, según coinciden varios expertos.

Además de haberse abierto ya un proceso judicial con las demandas presentadas por las empresas privadas, el Gobierno mexicano ha enviado una señal de preocupación a los inversores extranjeros en plena recesión económica global provocada por la COVID-19.

Empresas de países con tratados comerciales con México que tengan capítulos de protección al inversor o Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) pueden recurrir a juzgados federales, explicó a Efe el consultor internacional Eduardo Solís.

Las empresas pueden también plantear casos judiciales “inversionista-Estado” en paneles internacionales bajo el nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor el 1 de julio.

EFE

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