México: 80 días de sequía económica

El presidente López Obrador aprovechó el mandato del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su fracción I precisa “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría (de Hacienda), deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente…”, para a través de los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2021 realizar un ajuste a las perspectivas económicas que se presentaron el 8 de septiembre de 2019 en los Criterios Generales de Política Económica 2020.

Con estos cambios, se modifican las expectativas del PIB en torno a 6.4 puntos al retroceder de 2.5 a (-)3.9%, es decir, la riqueza que se calculaba crearía la sociedad mexicana en 2020 tiene, en tasa de crecimiento, una fuerte caída de (-)256%; No obstante, el FMI redujo el PIB de México (-)6.6%; el tipo de cambio pasa de 19.8 a 22.9 pesos; en lo referente los ingresos presupuestarios, se esperaba un monto de 5 billones, 511 mil 879 millones de pesos, ahora el cálculo de los ingresos será de 5 billones 226 mil ,314.3 millones de pesos, es decir, ya no se contará con 285 mil 565 millones de pesos. Los ingresos petroleros se calculaban en 987 mil 332.7 millones, ahora se esperan 572 mil 591.9 millones (414 mil 740.8 millones de pesos menos). Los ingresos tributarios serían de 3 billones 505 mil 822.4 millones, la recaudación será de 3 billones 350 mil 840.5 millones (154 mil 981.9 millones de pesos menos).

El gasto neto pagado ascendía a 6 billones 107 mil ,732. 4 millones, ahora el cálculo es de 6 billones 032 mil 673.1 millones (75 mil 059.3 millones de pesos menos).

Por lo que el ajuste entre los ingresos presupuestarios y el gasto neto pagado nos arroja un faltante de 806 mil 358.8 millones de pesos, que se compensaría en menor medida con el ahorro y reducción del gasto público, cuando se había previsto un déficit presupuestario de $547 mil 140.8 millones de pesos, es decir el déficit aumentó 259 mil 218 millones de pesos.

No obstante, estas medidas no son un paliativo para la economía ante la suspensión de las actividades no esenciales que tentativamente será hasta el 30 de mayo. Serán 80 días (a partir del 23 de marzo) donde sólo en términos de consumo, habrá una pérdida del orden de 2.1 billones de pesos, lo que implica una afectación a los impuestos como el IVA, el IEPS, y si sigue la tendencia a despedir gente también afectará al ISR. Durante abril y mayo el aparato productivo tendrá un freno brutal y es importante precisar cómo lo van a afrontar las empresas, puesto que, al emitirse una emergencia sanitaria, y no una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables en el artículo 42 bis y 427, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, que implique la suspensión de las labores, el dueño no puede ampararse con base en lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de la misma Ley (el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes).

Los establecimientos afectados ascienden a 6 millones 269 mil 309, en donde trabajan 35 millones 463 mil 625 personas. Del total de establecimientos, 46.7% corresponden al sector comercio, 39.1% a los servicios (privados, públicos y religiosos), 12.2% a las manufacturas y 2.0% al resto de actividades económicas.

Las entidades más afectadas son donde se ubica (en porcentajes) el mayor número de establecimientos (y, por ende, mayor creación de empleo) y son: Estado de México (con 11.6% del total nacional), Ciudad de México (7.3%), Puebla (6.6%), Jalisco (6.4%) y Veracruz (6.0 por ciento). Las entidades federativas que tuvieron las mayores cifras en el número de personal ocupado fueron Ciudad de México (12.9%), Estado de México (9.3%), Jalisco (6.9%), Nuevo León (5.7%), Guanajuato (5.0%), Veracruz y Puebla (4.4% respectivamente).

La población laboral afectada por el freno económico que obliga el Covid-19 son: a) los empleados asalariados, 37 millones 972 mil 002; b) los trabajadores por cuenta propia,12 millones 511 mil 112; c) empleadores, 2 millones 673 mil 818 y, d) trabajadores sin pago 2 millones 526 mil 518 personas.

Debe considerarse que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleos registrados en el IMSS. Esto es del 13 al 31 de marzo disminuyeron 198 mil empleos (cada día desaparecieron 11 mil plazas). Y del 1 al 6 de abril se recortó 148 mil 845 trabajadores (24 mil 897 personas diariamente perdieron su fuente de ingresos). Si se conserva la tendencia de desempleo de estos primeros seis días de abril, para el 30 de mayo habrá 1 millón 457 mil 220 de nuevos desempleados, por lo que la tasa de desempleo podría pasar de 3.7 a 5.9%.

De 126.3 millones de habitantes que tiene México, alrededor de 35 millones viven en 465 municipios y 5 alcaldías de alto riesgo de contagio del Covid-19 (de un total de dos mil 458 municipios y 16 alcaldías), siendo las zonas metropolitanas del país donde la actividad está parada por completo. Por lo que si en un mes, del 17 de abril al 16 de mayo, se contiene la propagación, el 17 de mayo podría decidirse que regiones retoman su actividad.

Por lo tanto, el presidente López Obrador pronto debe adoptar la decisión de impulsar estrategias de productividad económica para que el mercado interno no colapse. En este sentido, cabe recalcar el Plan Nacional de Contingencia Económica que propone LACEN en torno a 1o ejes:

1.Incentivos fiscales. 2.Efectiva recaudación. 3.Plan Energético. 4.Aumentar inversión en infraestructura sanitaria, básica, social y tecnológica. 5. Impulso al turismo doméstico. 6. Fortalecimiento de la industria manufacturera. 7. Expansión del gasto para apoyar la industria de la construcción. 8. Blindar los siete canales de distribución para otorgar seguridad a la logística comercial. 9. Brindar confianza al inversionista en torno al cambio de narrativa del presidente. 10. Impulsar la facilitación en ventanilla para hacer expeditas las compras gubernamentales, principalmente en medicamentos.

*Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), profesor del Centro de Relaciones Internacionales, UNAM

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