No es la sana distancia, es la prohibición y la militarización

Pensar que la pandemia de coronavirus ralentizará del mercado ilegal de drogas o reducirá la violencia, no tiene un fundamento claro

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En algún momento, después del anuncio de las medidas del distanciamiento social —por parte del Gobierno Federal—, se comenzaron a escuchar hipótesis, en los medios de comunicación, en consultoras y en algunas oficinas gubernamentales, sobre el probable descenso en las cifras de incidencia delictiva como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Se creía que, ante la posibilidad de contagiarse, los integrantes de las organizaciones delictivas guardarían su respectiva cuarentena y se abstendrían de proseguir sus actividades. Más aún, se llegó a pensar que ante un escenario apocalíptico de calles desiertas y vigilancia militar —por parte de la Guardia Nacional— los “narcos” se sabrían vulnerables a ser aprehendidos. Sin incentivos, sin oportunidades y sin impunidad garantizada, la delincuencia organizada tomaría, al menos de forma temporal, “Susana Distancia”.

Nada más falso.

Desafortunadamente la hipótesis de la cuarentena —entusiasta pero ingenua—, vista desde la perspectiva de las economías ilegales de las drogas, parte de dos premisas falsas. La primera, pensar que los mercados ilícitos se rigen por lógicas externas a su propia racionalidad. La segunda, pensar que la violencia se vincula de forma estructural a las drogas.

Abundemos en ello.

Sobre la primera hipótesis es necesario decir que las economías, legales o ilegales, funcionan con base en sus propias dinámicas. En el caso de los mercados de drogas, la demanda de sustancias prohibidas crea una estructura de incentivos que motiva a diversos agentes a proveer insumos, y a producir, trasladar y comercializar las distintas sustancias. Mientras exista la necesidad habrá siempre un proveedor que aproveche la oportunidad. Sin duda, eventos catastróficos como desastres naturales, pandemias o hambrunas tienen un impacto en la estructura de estas economías ilegales. Pero también es cierto que cualquier evento externo supondrá un obstáculo franqueable que el mercado podrá superar y del cual podrá recomponerse.

Sobre la segunda hipótesis, la investigación histórica, médica y sociológica ha demostrado lo problemático e inexacto que resulta vincular, de forma causal, las drogas con la violencia. Entre los especialistas existe un consenso en reconocer que cada sustancia tiene un impacto diferenciado en las personas y que conocer la condición psicológica y el contexto social son fundamentales para entender el fenómeno de la violencia. Es decir, la violencia está más relacionada con las condiciones sociales e institucionales en las que se da el consumo de alguna sustancia que con los efectos de la sustancia.

Además, la relación entre las organizaciones delictivas y la violencia es también compleja. No hay un mecanismo directo que lleve del tráfico de sustancias ilícitas a la violencia. México es un ejemplo de ello. Durante décadas, la economía ilegal de drogas creció y se expandió al amparo de la protección institucional, ya fuera policial, militar o política. El desastre de la violencia que hoy vivimos comenzó —con esta magnitud— cuando el Gobierno Federal inició —en diciembre de 2006— la estrategia de combate frontal a las organizaciones delictivas y la consecuente militarización de la seguridad pública. Desde entonces, el mercado ilícito de drogas en México no ha logrado sustraerse del uso de la violencia como mecanismo para dirimir desacuerdos.

Por tanto, pensar que la pandemia de coronavirus ralentizará del mercado ilegal de drogas o reducirá la violencia, no tiene un fundamento claro. De hecho, marzo fue uno de los meses más violentos en México y, como puntualmente se ha documentado en Infobae, las masacres y enfrentamientos continúan.

Luego, lo que realmente se espera, al término de la pandemia, son cambios estructurales en el mercado de drogas, por el lado de la oferta, así como el surgimiento de riesgos y efectos nocivos, por el lado de la demanda. Un cambio que quizá —es muy pronto decirlo— deje huella permanente en la estructura y dinámica de los mercados ilícitos y de la forma en que la violencia se ha presentado en México.

Por el lado de la oferta, la pandemia cerrará oportunidades de mercado, pero también abrirá nuevas. Habrá agentes económicos que tengan la capacidad de adaptarse al nuevo escenario, consolidarse en ese nicho y sobrevivir al coronavirus. Habrá quienes no. Habrá organizaciones delictivas afianzadas que mantengan las restricciones y esperen pertrechadas el fin de la emergencia sanitaria. Y también habrá quienes no. Lo indudable es que el mercado de drogas se contraerá pues, como cualquier mercado, resentirá los efectos de la ralentización y retracción económica global. Como consecuencia de ello, la lucha por mantener una posición hegemónica será más cruenta —si es que esto es posible en el México del 2020—. Es decir, en algún momento habrá una mayor violencia entre organizaciones que compitan por un mercado contraído en territorios en disputa. Además, las organizaciones delincuenciales no podrán resistir la tentación de diversificar sus actividades delictivas, una tendencia creciente, desde hace varios años en México, que sin duda se reforzará. Habrá, además, una expansión de mercados como el fentanilo, de fabricación más acorde a los nuevos tiempos.

Por el lado de la demanda, los usuarios de sustancias enfrentarán mayores riesgos. Hay, por lo menos, cuatro razones que hacen de los usuarios que presentan un consumo problemático una población vulnerable. Primera, el consumo de sustancias trae consigo más riesgos para su salud; se sabe, por ejemplo, que el uso de metanfetaminas y de opioides tiene un efecto en la fortaleza respiratoria y pulmonar, lo que eventualmente se traduciría en un riesgo adicional al momento de contraer la enfermedad. Segunda, a esta comorbilidad —que hasta ahora no ha sido mencionada en las conferencias de prensa por parte de las autoridades sanitarias— habrá que añadir la posibilidad de que la estigmatización social hacia los usuarios de drogas afecte su ingreso en los centros hospitalarios y la atención que reciban en estos. Tercero, su situación social también los torna vulnerables: muchas de las veces se encuentran en situación de calle o encarcelados. Y, cuarto, están expuestos a una compra de mayor riesgo porque el mismo dealer puede ser una fuente de contagio.

En resumen, si de algo podemos estar seguros, con base en la investigación académica, es que los problemas que resultan de la dinámica de los mercados ilícitos no derivan de las drogas en sí mismas. Hoy sabemos, por ejemplo, que el alcohol es mucho más nocivo que la mariguana e incluso sabemos que, a diferencia de esta, el alcohol sí detona violencia. Hoy sabemos que la violencia que actualmente se vive en nuestro país no se origina en el mercado ilícito. Recordemos que drogas, tráfico de drogas y consumo existen desde décadas atrás. El origen de la violencia radica en la ruptura de los pactos entre el mundo delincuencial y la elite política, pero, sobre todo, en la estrategia de combate frontal por medio de las fuerzas armadas que inició con el gobierno de Felipe Calderón hace más de una década. El problema no es la sustancia —ni ahora la distancia física obligada— sino el régimen de prohibición de drogas y la pésima respuesta institucional que se ha traducido en una mayor militarización de la seguridad pública.

Resulta preocupante que ante la pandemia del coronavirus la administración del presidente López Obrador no haya respondido aún con un plan para hacer frente a la futura reconfiguración de los mercados ilícitos de drogas. Resulta preocupante, pero no es extraño. No es extraño porque si algo ha caracterizado a la administración del presidente es pensar y actuar frente al fenómeno de las drogas desde una visión profundamente conservadora que estigmatiza a los usuarios, criminaliza a las sustancias y sataniza al mercado. De ahí que las respuestas institucionales ante el tema hayan sido, hasta ahora, la militarización de la seguridad pública a través de la creación de la Guardia Nacional como una medida para enfrentar a la delincuencia organizada y frenar la violencia y, por otro lado, la falta de voluntad política para impulsar cambios profundos en el marco institucional y legal sobre las sustancias ilícitas, su producción y comercialización, así como su uso y consumo. Esto es un total desacierto que tendrá consecuencias. Desafortunadamente, cuando el coronavirus sea biológica y socialmente derrotado la economía de drogas —su demanda y la oferta— seguirá ahí.

* Profesor-Investigador al Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede Región Centro

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