Comunidades indígenas lograron la suspensión provisional del Tren Maya, obra insignia de AMLO

Comunidades indígenas de Calakmul y Xpujil, en el estado de Campeche, obtuvieron una suspensión provisional contra la construcción del Tren Maya, obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El fallo fue en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron en contra del proceso de consulta, pues se considera que hubo irregularidades en su realización. El resultado se obtuvo el 14 de enero a través de una solicitud de amparo promovida en el Juzgado Primero de Distrito del estado de Campeche.

Representantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) destacaron que la solicitud de amparo que presentaron el pasado 6 de enero del 2020, detalla la “simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.

La abogada Elisa Cruz Rueda, quien lleva el caso, ha señalado que las comunidades no fueron informadas con tiempo suficiente sobre la consulta y no se respetó el derecho a su participación. Además, incluso antes de realizarse, ya se había anunciado la aprobación del proyecto por el mismo mandatario.

De acuerdo con la letrada, la consulta ignoró las formas de organización y toma de decisiones de la población, donde directamente se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas sin considerar sus costumbres.

La solicitud de amparo asegura además que la consulta violó los derechos fundamentales de los indígenas, sobretodo el de la libre determinación. “Un pueblo que no tiene la información suficiente de aquellos proyectos o megaproyectos que van a afectar su territorio no está en condiciones de tomar decisiones”, recalcó.

En el amparo también denuncian que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el gobierno mexicano forma parte.

“Cada acto que viene haciendo el gobierno federal violenta el derecho a la libre determinación que se constituye en el derecho a la consulta”, dijo la abogada.

Por todas sus condiciones, la consulta fue una “violación flagrante”. Así lo perciben los propios indígenas, quienes hicieron un llamado al resto de las poblaciones para que defiendan su derecho a la consulta y a la integridad de sus territorios.

“Estamos no en contra del tren, ni en contra del desarrollo, pero sí estamos para velar nuestros derechos, el derecho de nuestros pueblos, porque yo como indígena Ch’ol veo la afectación y problemáticas que hay en mi comunidad”, dijo Ernesto Martínez, defensor comunitario del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

El juez de Distrito concedió la suspensión provisional a fin de que las autoridades se abstengan de decretar la aprobación del proyecto o su ejecución. De acuerdo con la orden judicial, las obras no podrán iniciar hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Al respecto se recordará que el gobierno había anuncia el inició de la construcción de los tramos uno y dos del Tren Maya para el 30 de abril de este año.

Los demandantes responsabilizaron de la obra al presidente Andrés Manuel López obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y al director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

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