Primer año de gobierno de AMLO: Amnistía Internacional acusa contradicciones en protección a periodistas y derechos humanos

A un año del cambio de gobierno, México está enviando mensajes contradictorios entre palabras y acciones en los temas de derechos humanos, advirtió Amnistía Internacional (AI).

En el más reciente informe de la organización titulado “México: cuando las palabras no bastan. Situación de derechos humanos a un año de gobierno”, alerta sobre la continuación de la crisis de derechos humanos desarrollada en los sexenios anteriores, y no se ha alejado de la estrategia de seguridad altamente militarizada, intensificada principalmente por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

La directora regional de AI, Ericka Guevara Rosas, reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado voluntad para avanzar en temas como la desaparición de personas, pero “los altísimos niveles de violencia de derechos humanos que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad de México”.

Guevara Rosas advirtió contradicciones entre el discurso y lo que hace el gobierno de López Obrador: “promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente”.

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para México, Tania Reneaum Panszi, señaló que entre los pendientes en materia de violencia de género está la erradicación de los feminicidios que de enero a octubre suman 833, casi uno por día, pues “no se distinguen ni en el corto ni en el mediano plazo medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”.

Consideró que López Obrador tiene una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país, por lo que urgió a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”.

Para Amnistía Internacional, la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional evidencia el mantenimiento de una política de militarización, ya que, de los casi 71,000 miembros, 80% de sus integrantes proviene de las fuerzas armadas bajo el mando del general Luis Rodríguez Bucio. El restante 20 por ciento de sus miembros provienen de la Policía Federal.

La organización lamentó que a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “el uso de la tortura y otros malos tratos, las dramáticas estadísticas de desaparición de personas y las detenciones arbitrarias continúan siendo una alarmante realidad en el contexto de derechos humanos en México”, a pesar de medidas como la elaboración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por lo que respecta al tema de la sociedad civil, AI criticó legislaciones como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que faculta a las corporaciones policíacas y a la Guardia Nacional a “determinar si el propósito de una asamblea es legítimo, y sobre esa base, decidir si utiliza o no la fuerza”, así como la reforma al código penal de Tabasco, entidad natal del presidente López Obrador, “para permitir la sanción penal de reuniones pacíficas en que las personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada”.

La organización también reprobó que México siga siendo “un lugar hostil para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, ya que, de acuerdo con datos del gobierno federal, en lo que va de este sexenio, 23 personas defensoras y 15 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, han sido asesinados, algunos de ellos con medidas otorgadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía Internacional lamentó que el presidente López Obrador “haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas”, reacción que revelaría “un rechazo del gobierno federal a la crítica y al disenso y, en los hechos, contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de estas personas y organizaciones”.

Para la organización, lo bueno de este gobierno son: las promesas de poner fin al hostigamiento a periodistas, reacciones más rápidas ante ataques a personas defensoras de derechos humanos.

Lo malo: han muerto al menos 23 personas defensoras y 15 periodistas. El gobierno contribuyó a un ambiente hostil contra sociedad civil y medios con algunas de sus declaraciones públicas.

Y, la realidad: el gobierno debe reconocer públicamente y proteger el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Amnistía Internacional formuló estas recomendaciones al gobierno mexicano:

-Que los integrantes de la Guardia Nacional no pertenezcan a las fuerzas armadas

-Mientras ello no ocurra que “no se involucre en tareas de seguridad pública salvo de manera excepcional, limitada y restringida”

-Que no participe en la investigación de delitos”

-Reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para recibir y examinar las comunicaciones de casos individuales

-Aplicar una política de prevención y protección de defensores de derechos humanos

-Implementar las recomendaciones de la ONU-DH sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas

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