(Foto: cortesía)
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El 17 de octubre de 2019 el Estado mexicano enfrentó y perdió la principal crisis de seguridad en la historia reciente del país. En un video-comunicado, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), acompañado de los titulares del gabinete de seguridad (SEDENA, SEMAR, CNI, y Guardia Nacional) habló de forma nerviosa y titubeante de cómo un grupo delictivo superó a la célula de SEDENA y la Guardia Nacional que capturó a Ovidio Guzmán López en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, a la par que otros grupos atacaron distintos puntos de la ciudad “generando una situación de pánico”. Por lo que, “con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”.

Posteriormente se confirmaría que esta frase significó la liberación del hijo de Joaquín Guzmán Loera (a) el Chapo; Ovidio, a quién no sólo se había capturado, sino que ya circulaba en redes sociales la fotografía del mismo con las manos esposadas, se mostraba en una postura por demás desafiante, cómo si supiera que lo liberarían de inmediato, mostrando la seguridad de la absoluta impunidad. En franco contraste con el tono del Secretario Durazo, quién tuvo problemas en pronunciar “sociedad culiacanense”, mostrando en dos fotografías el fiel reflejo de la fortaleza del cartel de Sinaloa sólo uno de los múltiples actores de la delincuencia organizada en el país y el raquítico y desorganizado Estado mexicano.

Las áreas de seguridad del Estado incurrieron en severos errores operativos, como la falta de un plan de salida con el objetivo que anticipara la previsible reacción del grupo de Sinaloa en la ciudad y que pudo ser atendido con un adecuado despliegue de capacidad de fuerza que disuadiera las escenas violentas que aterrorizaron a la sociedad culiacanense. Además, demuestra los vacíos de coordinación entre las agencias de seguridad en los ordenes de gobierno que se vio por la ausencia de las policías municipal y estatal ante una acción del gobierno federal, además de la falta de coordinación entre las agencias federales, ni hablar de visible falta de liderazgo.

En contraparte, el cartel de Sinaloa mostró que, ante una amenaza a uno de sus principales operadores, es capaz de movilizar a cientos de personas con vehículos, y armas de muy alto calibre como lanzagranadas, ametralladoras, municiones y demás insumos propios de unos auténticos señores de la guerra. Igualmente, reforzaron su operación con la liberación de alrededor de 50 reos del penal de Aguaruto en Culiacán, a quienes se les observa en videos en redes sociales, como se les daban armas y eran subidos a distintos vehículos, listos para la refriega.

Esto sumado a la violencia descrita por el secretario Durazo que incluyó acciones coordinadas en distintos puntos de Culiacán con grupos fuertemente armados que secuestraron y quemaron vehículos, hicieron disparos aleatorios o directamente enfrentaron a vehículos y personal militar; movilización que en la era de las redes sociales fue grabada y propagada por la sociedad a gran velocidad, extendiendo el miedo colectivo a las redes; y mostrando al resto del país, y al mundo, que el verdadero poder en el territorio de Sinaloa es el cártel de la delincuencia organizada, exhibiendo con la torpe respuesta y el vacío de comunicación, el lugar limitado y casi testimonial del Estado mexicano en su conjunto.

El gabinete de seguridad debería estar haciendo una seria evaluación de “lecciones aprendidas” sobre los acontecimientos del jueves en el mejor espíritu de que esto no sólo no vuelva a suceder, sino que sea un punto de inflexión para que, ante la dimensión, seriedad y alcance de los grupos de la delincuencia organizada, sólo se le puede atender o enfrentar con una visión amplia, en conjunto y con sólidas capacidades humanas, materiales y de información. Una coyuntura lastimosa que también puede orientarse hacia una oportunidad para replantear, no sólo la estrategia del gobierno federal, sino una verdadera refundación de las instituciones de seguridad del Estado mexicano en aras del bienestar colectivo, responsabilidad asumida en las urnas del 2 de julio de 2018.

Si bien coincido con el valor supremo de la vida humana argumentado por el Secretario Durazo el jueves y reiterado por el Presidente López Obrador el viernes, también identifico que la función principal del Estado es ofrecer garantías para que el desarrollo de la vida cotidiana se pueda llevar en paz y armonía, situación que le fue robada a la sociedad en Culiacán que vive en la zozobra desde ayer y hoy, pero que tristemente no es el único caso en el país, dónde esta misma sensación aunque en distinto grado se vive en Reynosa, Tamaulipas; en Aguililla, Michoacán; en Celaya, Guanajuato; en Coatzacoalcos, Veracruz; en Villahermosa, Tabasco; y áreas más reducidas en Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México.

El reto es muy grande, la sociedad está preocupada y dispuesta a colaborar, está en la mesa de la autoridad asumir su responsabilidad y abrirse a colaborar con otros actores sociales para reconstruir el estado de derecho que México merece.

*Analista en Risko Consultores, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C.

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