Las caravanas de migrantes incluyen a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses y panameños, así como haitianos, africanos y cubanos (Foto: Cuartoscuro)
Las caravanas de migrantes incluyen a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses y panameños, así como haitianos, africanos y cubanos (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 54,337 solicitudes de protección internacional durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Se trata de un “aumento exponencial” y sin precedentes en la historia de la COMAR desde su creación, en julio de 1980, provocada por la política migratoria de “brazos abiertos” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El aumento en las peticiones de asilos es exponencial (Infografía: Segob)
El aumento en las peticiones de asilos es exponencial (Infografía: Segob)

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, omitió señalar los datos relacionados con el sexo, edad y nacionalidad de los solicitantes de refugio. Tampoco especificó cuántas peticiones de asilo han sido aceptadas y cuántas están en trámite.

En la década de los 80, el gobierno mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para atender el éxodo masivo de ciudadanos guatemaltecos, quienes escapaban de los conflictos armados y se asentaron en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

En 2014, Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos (EEUU), anticipó una crisis de la migración en tránsito. En aquel momento ya era evidente un cambio significativo en el fenómeno migratorio.

La patrulla fronteriza de EEUU ya no perseguía ni aprehendía a trabajadores indocumentados viajando en solitario. Desde entonces son familias completas, hombres, mujeres, niños y hasta menores no acompañados, los que huyen de la pobreza, la violencia y la muerte que los persigue en sus países de origen.

A diferencia de otros tiempos, las cámaras de vigilancia, los helicópteros y las camionetas que la border patrol utilizaba para perseguir a los migrantes ilegales perdieron sentido. Los migrantes ya no huyen de los policías fronterizos, no hay más capturas. Son los migrantes quienes se entregan a la autoridad para solicitar refugio.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a proteger a los refugiados centroamericanos y abrió la puerta al flujo migratorio, por razones humanitarias. El endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump obligó a México a aceptar nuevas condiciones.

Ahora, EEUU regresa a México a los migrantes de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Asia y África, mientras esperan una segunda audiencia de su trámite migratorio.

La organización Médicos Sin Fronteras documentó que los migrantes retornados desde California, Arizona y Texas llegan a ciudades fronterizas donde la asistencia humanitaria se ve rebasada por la demanda de servicios: no hay suficientes refugios, comida, ni medicinas.

En marzo pasado, Milenio Diario reportó que autoridades mexicanas impidieron el acceso a organizaciones defensoras de los derechos humanos a un fábrica abandonada en Piedras Negras, Coahuila. En la fábrica se resguardaban 1,700 refugiados, entre ellos mujeres y niños. Todos fueron rodeados por policías y militares para impedirles que salieran de las instalaciones.

Este fin de semana, El Heraldo dio cuenta de la instalación de un cerco de policías e integrantes de la Guardia Nacional en Tapachula, Chiapas para impedir el paso de una caravana de 2,000 africanos, cubanos, hondureños y salvadoreños que intentaban cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

El uso de la fuerza estuvo presente. Se registraron crisis nerviosas, golpes y personas heridas, resultado del “ataque de las fuerzas federales” contra migrantes, como si fueran narcotraficantes, según denunciaron los defensores de derechos humanos.

Otros datos

Hasta el mes de agosto, el Gobierno Federal ha identificado 352 sitios de inhumación clandestina y 594 fosas clandestinas en las cuales se han exhumado 706 cuerpos e identificado a 206, especialmente en los estados de Colima, Jalisco y Chihuahua.

Al dar a conocer un informe general sobre seguridad pública, Alejandro Encinas señaló que se han realizado 211 búsquedas de personas desaparecidas, durante 65 jornadas de trabajo y se han canalizado MX 69.9 millones a las comisiones estatales, para reforzar los trabajados en los estados.

El funcionario federal reveló que como parte de las acciones para la liberación de personas injustamente detenidas, se han recibido 1,221 peticiones de liberación en las que se reclaman vicios en los procesos legales y se han logrado 45 liberaciones.

Encinas Rodríguez lamentó el deceso de 23 defensores de derechos humanos y 15 periodistas, así como las 179 agresiones registradas durante el último año. Asimismo, informó que actualmente hay 1,039 personas acogidas al mecanismo de protección, con 691 defensores de derechos humanos y 348 periodistas y recordó que, en 2012, cuando inició este mecanismo sólo había 7 personas bajo protección.

Respecto a los feminicidios, el subsecretario de SEGOB mencionó que 125,000 mujeres han sufrido violencia física y se han desplegado hasta 47 centros de atención a mujeres. Agregó que durante esta administración se han emitido dos alertas de género, para Puebla y el Estado de México, y se encuentra en proceso otra para la Ciudad de México y dijo que a nivel municipal hay atención especial a 410 municipios de 18 estados, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Chilpancingo, Ciudad Juárez y Chihuahua.

Respecto a la trata de personas, Alejandro Encinas afirmó se han obtenido 71 sentencias relacionadas con la trata de personas y han sido atendidas 731 víctimas de este delito, 342 en el ámbito estatal y 389 en lo federal.

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