Reforma contra la defraudación fiscal viola derechos humanos, advirtió Instituto Belisario Domínguez

Las modificaciones no atienden las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al uso de la prisión preventiva

Compartir
Compartir articulo
El Senado de la República aprobó en lo general la reforma que tipifica a la defraudación fiscal en septiembre pasado (Foto: Cuartoscuro)
El Senado de la República aprobó en lo general la reforma que tipifica a la defraudación fiscal en septiembre pasado (Foto: Cuartoscuro)

La reforma que cataloga a los delitos de defraudación fiscal como amenazas a las seguridad nacional podrían violar los derechos humanos, señaló este sábado la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

La violación a los derechos humanos se cometerían durante el procedimiento penal. El IBD cita el documento “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa”, elaborado por las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa, donde explican las faltas en las que incurriría la aplicación de las reformas.

De acuerdo con las investigadoras, las modificaciones aprobadas por el Senado el 10 de septiembre de 2019 no atienden las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al uso de la prisión preventiva y el establecimiento del tiempo que duraría. Estas dos cuestiones generan incertidumbre jurídica a las personas investigadas, con lo que no pueden ejercer sus derechos humanos en plenitud.

El SAT busca perseguir la defraudación fiscal con esta propuesta (Foto: Archivo)
El SAT busca perseguir la defraudación fiscal con esta propuesta (Foto: Archivo)

Las reformas modifican el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal. En todas el objetivo es catalogar a los delitos de defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada y la expedición, venta, enajenación, o compra de comprobantes fiscales falsos. Estos delitos son equiparados con la delincuencia organizada y la amenaza a la seguridad nacional.

Las investigadoras consideran que uno de los retos ahora consiste en construir medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la CIDH. También ven necesario implementar mecanismos alternativos a la aplicación de la prisión preventiva, por ejemplo, el arresto domiciliario o la colocación de dispositivos de seguimiento electrónico.

Además, recomiendan establecer como obligatorio la realización de una audiencia previa a la imposición de la prisión preventiva por parte de las autoridades en el Ministerio Público. Esto con el fin de evitar la imposición de una sanción anticipada sin pruebas fehacientes que demuestre la existencia del acto ilegal.

Las reformas fueron aprobadas en lo general por el pleno de la Cámara de Senadores, todavía falta discutir el dictamen en lo particular en la Cámara de Diputados. Si esta última instancia la aprueba también, faltaría publicarse en el Diario Oficial de la Federación para comenzar a aplicarse. En ella se establece que cuando tres o más personas se organicen de manera reiterada o permanente para cometer delitos como contrabando, defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, serán sancionados como si fueran miembros de la delincuencia organizada.

Por elaborar, vender y comprar las facturas apócrifas, las personas podrían ir a la cárcel 
(Foto: Cuartoscuro)
Por elaborar, vender y comprar las facturas apócrifas, las personas podrían ir a la cárcel (Foto: Cuartoscuro)

Las sanciones serían de cinco a ocho años de prisión. La mismo pena se aplicaría para las personas que adquieran, permitan o publiquen comprobantes fiscales falsos o amparen actos jurídicos simulados.

Durante la discusión de la reforma, algunos senadores se manifestaron en contra que consideraron “terrorismo fiscal”, a decir de Minerva Hernández del Partido Acción Nacional (PAN) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) dijo al diario El Economista que en los últimos 20 años, la evasión fiscal es más frecuente y alternativa.