Organizaciones y diversas activistas mexicanas relanzaron este lunes una campaña a favor de la liberación de las más de 3,000 mujeres encarceladas en México por delitos ligados al narcotráfico, alegando que no tuvieron una defensa adecuada debido a su género, poca educación y pobreza.
La campaña denominada "El contexto es la única diferencia: #LiberarlasEsJusticia", incorpora un llamado a acción; una petición ciudadana que exige la priorización de un mecanismo legal para la liberación inmediata de mujeres que han sido víctimas de "una política de drogas punitiva, así como la implementación de estrategias de reinserción social y la transición a una política de drogas más eficaz, humanitaria y respetuosa de derechos humanos".
Organizaciones locales como Equis Justicia para las Mujeres y Red de Justicieras, que tienen entre sus representantes a mujeres que han estado encarceladas por trasiego de droga y conocen las carencias y la dura vida en prisión, hicieron este llamado a la espera de que la Cámara de Diputados y de Senadores discuta una Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las mujeres encarceladas por estos delitos, "nos encontramos un perfil dominante. Son personas que vienen de condiciones de pobreza, con un nivel de educación de primaria principalmente, 87% son madres, y de éstas más de 80% son madres solteras", dijo en rueda de prensa Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis.
Las activistas subrayan que muchas de estas mujeres han sido encarceladas por una cadena de injusticias y reclaman que la problemática se aborde desde una narrativa de compasión, sin que ello signifique reclamar la libertad simple y llanamente para todas.
Natacha Lopvet, integrante de Equis y de la Red de Justicieras, es una francesa de 49 años que se dedicaba a trabajar en cruceros turísticos. Intentó introducir droga a México desde Perú, fue detenida y condenada a 10 años de cárcel.
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"El entendimiento del sistema de justicia es nulo para la mayoría de las mujeres en prisión. Salen, y al no tener nada, están irremediablemente ante la posibilidad de volver a caer en el crimen organizado. La ilusión de la reinserción social se enfrenta al petrificante antecedente penal", subrayó.
Beatriz Maldonado, también de Red de Justicieras, relató en la conferencia que pasó 10 años en prisión por narcomenudeo, delito al que se vio empujada, explicó, por las deudas contraídas por su esposo, quien es adicto a las drogas, y por las amenazas de criminales a los que debía dinero.
"No pensé que fuera un delito grave. Tomé la horrible decisión de pagar su deuda. Sé que fui culpable, no me enorgullezco de eso. Lo que pedimos son oportunidades, que no criminalicen la ignorancia, el hambre", dijo Maldonado en conferencia.
Las líderes de esta campaña, aseguran que el encarcelamiento injusto de estas mujeres es una consecuencia de la fallida guerra contra las drogas de México.
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La precariedad económica y el rol de amas de casa, que socialmente está ligado al género femenino, son dos de las razones más comunes por las que las mujeres se involucran en el tráfico de drogas. "Su involucramiento también puede deberse a que las mujeres forman parte de una relación de poder desigual en donde su voluntad está condicionada, pues muchas se sienten obligadas a obedecer a sus parejas, padres, hijos, o hermanos", cita el documento.
El relanzamiento de la campaña, impulsada por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y EQUIS, coincide con las discusiones en torno a una Ley de Amnistía, impulsada por López Obrador. Y es que días atrás, el tabasqueño dijo que enviaría una propuesta de amnistía que busca "pacificar" al país.
Aunque no se conoce su contenido, la propuesta ha levantado el interés de las activistas, pues en otras ocasiones el presidente ha señalado la posibilidad de beneficiar a personas condenadas por delitos menores ligados al narcotráfico en México.
"Hoy, aspiramos a tener una Ley de Amnistía que permita una reivindicación para que nunca más en este país sea criminalizada la pobreza; nunca más en este país las personas más vulnerables sean orilladas a involucrarse en delitos contra la salud." dijo Citlalli Hernández Mora, Senadora de la República.
Desde 2006, en México han ocurrido más de 250,000 homicidios; hay más de 40,000 personas desaparecidas y 36,000 muertos sin identificar.