Mariana Boy, procuradora ambiental en CDMX, privatizó una playa en Punta Mita cuando era funcionaria federal

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó a un desarrollo inmobiliario en Punta de Mita, Nayarit, una playa virgen para su uso exclusivo, y canceló el acceso al mar para a los pobladores y turistas.

La clausura del paso público a esta playa fue promovida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Mariana Boy Tamborrell, entonces directora general de la zona federal marítimo terrestre de Semarnat, y hoy procuradora ambiental de la Ciudad de México, funcionaria que avaló la medida propuesta por la inmobiliaria denominada Rancho Punta Mita SA.

Según la documentación recabada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Rancho Punta Mita SA es filial del consorcio inmobiliario Grupo Dine, del empresario Fernando Senderos Mestre, propietaria del complejo turístico Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

El complejo de inversión inmobiliaria Punta Mita, de Grupo Dine, comprende un área de 700 hectáreas, con un millar de residencias, edificios de departamentos, hoteles y departamentos de lujo, con acceso exclusivo a 14 kilómetros de playa.

La Lancha, como se conoce a la playa privatizada por Boy Tamborrell, se ubica en Bahía de Banderas, y el fraccionamiento que la rodea es parte del complejo turístico Punta Mita.

¿Cómo apropiarte de una playa?

En el año 2016, Boy Tamborrell, entonces directora general de zona federal marítimo terrestre de la Semarnat, autorizó a Ranchos La Lancha Punta Mita SA la instalación de una «cerca» para «limitar la libre circulación» de la gente hacia la playa La Lancha.

Aún cuando la Ley General de Bienes Nacionales establece que todas las playas del país son bienes de uso común, Boy Tamborell permitió que las únicas personas con acceso garantizado a ella sean los dueños del exclusivo fraccionamiento.

Boy no accedió a una entrevista con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero en un escrito entregado por el equipo de prensa de la Procuraduría Ambiental del gobierno capitalino, la funcionaria aseguró que la clausura del paso público a la playa La Lancha no implica su privatización.

Con la clausura del paso público, aseguró Boy, se salvaguardó «el derecho fundamental de todos los mexicanos a un medio ambiente sano», y aseguró que para garantizar el acceso de la gente a la playa La Lancha, se instaló un nuevo sendero adoquinado.

Sin embargo, el único acceso que hoy existe no es público.

El conflicto

Entre 2016 y 2018, la autorización emitida por Boy fue esgrimida en una decena de ocasiones por la inmobiliaria filial de Grupo Dine para hacer efectiva la clausura del paso público a La Lancha e instalar una reja fijada al suelo con cemento.

Tal como consta en distintos videos captados por pobladores, todos estos intentos de clausura se realizaron con apoyo primero de grupos de seguridad privada, a los que luego se sumaron agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la policía nayarita y finalmente elementos de la Marina que portaban armas largas.

En todos los casos los bañistas, surfistas, pescadores y pobladores derribaron las cercas colocadas ya que, además del uso recreativo, existen familias pescadoras, artesanas y microempresas de servicios turísticos que dependen de esta playa.

La playa La Lancha está rodeada por un estero nativo de 26 mil metros cuadrados conformado principalmente por manglares, en donde se mezclan agua dulce y agua salada, y flanqueada por los terrenos del fraccionamiento Ranchos La Lancha Punta Mita.

El estero y su manglar son zona federal y cuentan con protección explícita en la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe realizar en estos espacios naturales "cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico". Por ello, no pueden fraccionarse ni convertirse en propiedad privada. Lo que sí autoriza la ley es entregar el control de estas zonas naturales protegidas a particulares que manifiesten interés en su conservación.

En 2001, el empresario Fernando Senderos Mestre solicitó a la Semarnat la concesión de esta zona natural, cuando la obtuvo, la cedió en favor de la empresa inmobiliaria Ranchos La Lancha Punta Mita, que forma parte de Grupo Dine, cuyo consejo de administración preside el mismo Senderos, además de ser el accionista mayoritario del consorcio, según su último reporte financiero.

Un muro de rocas

En el año 2014, pobladores y surfistas de La Lancha se percataron de que en el estero fueron colocadas varias toneladas de rocas, impidiendo con ello el libre flujo de agua salada hacia una sección del manglar, limitando la movilidad de las especies silvestres que ahí viven y se reproducen, e impidiendo el paso de agua salada, alimento y nutrientes.

Los pobladores responsabilizaron por este daño a grupo Dine, pero la inmobiliaria no sólo negó haber provocado dichas afectaciones, sino que aprovechó esa denuncia ciudadana para colocar, por primera vez, una reja en el paso público a la playa, que ese mismo día fue retirada, de forma pacífica, por habitantes de la zona.

En diciembre de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, emitió un boletín en el que confirmaba «la obstrucción del derecho de vía y acceso a la playa por parte de la empresa Ranchos La Lancha Punta Mita» y anunciaba acciones de protección y restauración ambiental.

Cinco años después, sin embargo, las autoridades no han realizado ninguna acción de restauración.

Por el contrario, meses después de dicho anuncio, en abril de 2015, Mariana Boy expidió su aval para la instalación, ahora de forma legal, de la reja obstructora. «En cinco años nos han mandado hasta a la Marina para clausurar el acceso público e impedir que pase la gente, pero en todo ese tiempo no han podido mandar a nadie para retirar las piedras que bloquean el paso del agua en el estero", dijo Javier Chávez, ingeniero ambiental y uno de los microempresarios que brindan servicios turísticos en La Lancha.

Explica, además, que esto tiene una razón: «Para cualquier fraccionador esta es una zona muy valiosa, y al colocar rocas en el estero, lo que hacen es quitarle al manglar el agua salobre y, con ello, el manglar empieza a desaparecer», pues la zona es invadida por otras especies vegetales.

«Eso le permitirá (a la inmobiliaria) obtener una declaratoria de 'terrenos ganados al mar', para que esa área donde antes había manglar pierda la categoría de 'zona federal protegida' y puedan comprarlo a precio catastral, y luego construir frente al mar. Si le roban esta hectárea al manglar, hay que calcular cuánto ganarían: son 10 mil metros cuadrados, a 2 mil 500 dólares el metro cuadrado, a precio comercial, hablamos de un negocio de 25 millones de dólares».

Madruguete en año de Hidalgo

La reja instalada en 2014 por Grupo Dine fue retirada por los pobladores de la zona, que continuaron usando la vía para llegar a la playa por dos años más. Sin embargo, a partir de 2016 la inmobiliaria intentó colocarla nuevamente en al menos cinco ocasiones, siempre con los mismos resultados: su inmediato retiro por parte de la población.

El último intento por cerrar el paso público a La Lancha –que dejó a varios pobladores lesionados por golpes de tolete, descargas eléctricas y uso de gas lacrimógeno)– ocurrió en la madrugada del 22 de noviembre de 2018, es decir, una semana antes de que la administración de Peña Nieto concluyera.

En este último intento por clausurar el paso público a la playa, cuerpos de seguridad privada, acompañados por agentes de Profepa y elementos de la Marina, sostuvieron enfrentamientos con pobladores durante trece horas, para intentar instalar una pared de placas de acero que cancelara el paso público, hasta que finalmente un centenar de bañistas y pescadores logró retirar el muro metálico.

Pese a ello, en el lugar quedó colocado un sello oficial de clausura.

Junto al acceso clausurado, además, permanece un vigilante privado de la inmobiliaria que, apostado junto con su patrulla, se encarga de informar a los visitantes que no deben entrar a la playa.

En enero de 2019, ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el entonces subsecretario de Turismo Simón Levy visitó la zona e informó que abrirían una nueva entrada a la playa, que no sustituiría ni dejaría fuera de operación el paso público original.

Sin embargo, en una visita a la zona realizada por MCCI en junio, se pudo constatar que este acceso nuevo se encuentra en propiedad privada, es decir, los únicos con libre tránsito por dicho paso son aquellos con derecho a circular dentro del fraccionamiento, además de que se mantiene oficialmente la clausura del antiguo paso público.