Altos mandos del Inegi podrían ganar más que López Obrador

Mientras algunos sectores sufren los estragos de la austeridad republicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que los altos funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puedan ganar hasta un 40 por ciento más de lo que percibe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ésto tiene lugar luego de que los ministros de la Segunda Sala de la Corte rechazaran un proyecto de sentencia que proponía ratificar la decisión de negar la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones y el Presupuesto de Egresos a empleados del Inegi.

En febrero pasado, el instituto impugnó la reducción de sus salarios, y aunque en su momento la SCJN admitió a trámite su queja, el tribunal constitucional no concedió la suspensión provisional.

Ayer, el ministro José Fernández Franco González propuso confirmar la negativa de las suspensión solicitada por los empleados del Inegi; sin embargo, por votación de tres a dos, el tribunal constitucional desechó el proyecto.

Ahora, el ministro Eduardo Medina Mora deberá realizar un nuevo proyecto acorde al sentido del criterio de la mayoría, es decir, se prevé que se conceda la suspensión definitiva.

Con esto, los directivos podrían ganar más de 108,000 pesos, salario que actualmente recibe López Obrador, según su declaración 3 de 3.

Aprueban "tijeretazo"

El pasado 2 de julio, el pleno del Senado de la Republica aprobó en lo general la Ley Federal de Austeridad Repúblicana así como los artículos no reservados, con el fin de hacer eficiente el gasto público y eliminar los lujos.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados donde se discutirán los cambios hechos por el Senado.

Los partidos de oposición (PAN, PRD y PRI) plantearon las inconsistencias del dictamen que se presentó y se habló de que para aplicar una política de austeridad se necesita un bisturí, no un "machete" que haga recortes sin basarse en estudios.

Una de las voces en contra fue la de los legisladores del PAN, quienes advirtieron que al proponer la prohibición de que los servidores públicos no podrán ocupar empleos en la iniciativa privada por cinco años para no exponer información, les limitan su derecho constitucional al trabajo.