Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya libran juicio por sobornos de Odebrecht por "prescripción del delito"

Eran señalados de haber recibido más de 12 millones de dólares en 2012 para financiar la campaña presidencial de EPN

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Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto ya no serán juzgados por delitos electorales cometidos en 2012 (Foto: Cuartoscuro)
Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto ya no serán juzgados por delitos electorales cometidos en 2012 (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien fuera coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del priísta, no serán juzgados por delitos electorales cometidos en 2012.

Durante la carrera a la presidencia de EPN, los políticos recibieron sobornos de un total de 12 millones 856 mil 433 dólares por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht, para financiar los gastos de campaña del candidato. A cambio, presuntamente se le concederían contratos en la Refinería de Pemex en Tula, Hidalgo, en donde después estuvo a la cabeza Lozoya.

Esta información fue investigada y confirmada por la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE), debido a que el 15 de agosto del 2017 el Partido de la Revolución Democrática interpuso una denuncia por el cohecho.

Además, la culpabilidad de los políticos fue señalada en las declaraciones que tuvieron funcionarios de la compañía brasileña después de que fueran acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pagado a presidentes de 12 países para obtener licitaciones millonarias y sobrevaluadas.

El caso de corrupción de la empresa brasileña ha cimbrado a toda América Latina (Foto: Archivo)
El caso de corrupción de la empresa brasileña ha cimbrado a toda América Latina (Foto: Archivo)

Los nombres de Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto fueron mencionados en varias ocasiones como receptores de los sobornos. El primero lo recibieron del 20 de abril al 27 de noviembre del 2012 (en plena campaña a la presidencia), y fue de 7 millones 856 mil 433 dólares.

El segundo pago se efectuó del 3 de diciembre del 2013 al 17 de marzo del 2014, un año después de que EPN tomara protesta como presidente de México y cuando Lozoya ya se encontraba dirigiendo la petrolera, y fue por una cantidad de 5 millones de dólares.

A pesar de tener las pruebas derivadas de la investigación, la FEDE ya no perseguirá a los ex funcionarios ni podrá cancelarlos por los delitos electorales cometidos. Esto porque los delitos ya prescribieron; es decir, caducaron.

Lozoya y Peña Nieto recibieron sobornos para financiar la campaña del priísta a la presidencia de México, según investigaciones (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)
Lozoya y Peña Nieto recibieron sobornos para financiar la campaña del priísta a la presidencia de México, según investigaciones (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Después de haberse cometido el soborno, la Fiscalía sólo contaba con cinco años para poder hacer válido el cumplimiento de justicia contra los acusados. La institución tomó en cuenta que la fecha del delito cometido era en abril del 2012, cuando fue el primer depósito. Por lo que para agosto del 2017 cuando el PRD solicitó la investigación, el periodo de tiempo ya había caducado.

Este 3 de junio las autoridades determinaron que las acusaciones ya no eran válidas. "Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012", dice el documento suscrito por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a Luz María Ortega, jueza federal.

Sin embargo, el delitos que por el que aún es investigado Lozoya, es por la compra de Fertinal, planta de fertilizante adquirida a un sobreprecio millonario. Por este crimen también podría ser investigado Enrique Peña Nieto.

También en Chihuahua pretenden indagar al ex presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Fiscalía del estado podía poner en averiguación al priísta por delitos de fuero común, revocando así una suspensión concedida a favor de EPN y su gabinete el año pasado.