El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular las cuatro leyes secundarias que normarán la actuación de la Guardia Nacional (Foto: Cuartoscuro)
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular las cuatro leyes secundarias que normarán la actuación de la Guardia Nacional (Foto: Cuartoscuro)

El Senado de la República aprobó este martes las leyes que regularán el funcionamiento de la Guardia Nacional, cuerpo policial con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca atacar la ola de inseguridad y violencia en el país.

Con 114 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, los senadores avalaron los dictámenes que expiden las leyes de la Guardia Nacional, sobre el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones; y aprobaron modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados sin votos en contra de los senadores y recibieron la abstención de Emilio Álvarez Icaza, que si bien fue elegido como candidato de la coalición formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, no forma parte de ninguna bancada.

De acuerdo con los dictámenes aprobados, que fueron remitidos a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación, "la Guardia Nacional será una institución policial, civil, disciplinada, profesional" adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y cuyo objetivo será realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación.

(Foto: Twitter @senadomexicano)
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En su caso "podrá celebrar convenios con las entidades federativas y municipios, a efecto de realizar, de manera temporal, tareas de seguridad pública de competencia local".

Las leyes facultan al presidente de la República para asignar elementos provenientes de las fuerzas armadas, quienes después de vencer el plazo máximo de participación militar en la corporación (el cual es de 5 años) podrán ser reasignados por el mismo jefe del ejecutivo a sus unidades originales.

También establecen que los integrantes de la nueva corporación deberán estar funcionalmente separados de su institución armada de origen y someterse a la disciplina, fuero y cadena de mando de la Guardia Nacional.

El nuevo cuerpo podrá realizar operaciones encubiertas y de inteligencia "para la prevención de los delitos". Asimismo, todo el personal de la Guardia será evaluado anualmente en el desempeño de sus funciones.

(Foto: Twitter @senadomexicano)
(Foto: Twitter @senadomexicano)

El coordinador de la bancada del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, celebró el consenso alcanzado para aprobar las leyes secundarias a la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, que entró en vigor el 27 de marzo.

"Sabíamos del gran reto que representa la inseguridad pública. Enfrentarlo con instrumentos tradicionales no hubiera dado resultados, pero ocultar el desafío de enfrentarlo frontalmente tampoco hubiera dado resultados", aseveró.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que los textos aprobados incorporaron "muchos de los temas que la sociedad civil y los organismos internacionales han planteado".

El líder de bancada del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, declaró que los senadores trataron de ser "lo más escrupulosos y exigentes porque así lo demandaba este momento y porque debíamos plasmar en el acta de nacimiento de la Guardia Nacional un sello inequívocamente civil".

Militarización y criminalización, los miedos hacia la Guardia Nacional

Elementos de la Guardia Nacional en funciones en Minatitlán, Veracruz (Foto: Rubén López/ Presidencia)
Elementos de la Guardia Nacional en funciones en Minatitlán, Veracruz (Foto: Rubén López/ Presidencia)

La Guardia Nacional tiene el objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, que el pasado año registró 33.341 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.

Este organismo causó polémica en un inicio dado que el presidente López Obrador pretendía que tuviera una dirección militar, lo que fue criticado por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Consideraban que este organismo perpetuaba la "militarización" del país que impuso la administración de Felipe Calderón al sacar al ejército a las calles. El tema se agrava porque desde hace años, los militares han sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, tras un acuerdo entre todos los partidos políticos, se estableció que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante 5 años, para luego regresar a los cuarteles.

La oposición pública a la Guardia Nacional protestó en el Congreso por la militarización del país (Foto: Cuartoscuro)
La oposición pública a la Guardia Nacional protestó en el Congreso por la militarización del país (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de estos ajustes, Artículo 19 ha manifestado este martes su preocupación por la criminalización de la protesta a nivel nacional con el nuevo decreto sobre el uso de la fuerza. 

De acuerdo con la organización, los artículos 16 y 40 dela ley mantienen una perspectiva de control de multitudes y no de una facilitación y protección del ejercicio de derechos humanos en el marco de manifestaciones y reuniones.

De la misma manera el artículo 27 de la iniciativa, prohíbe el uso de armas de fuego o letales contra "manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito", sin fijar una definición para tal concepto.

Su ambigüedad así como la facultad discrecional que se les confiere a las autoridades policiales para decidir en qué casos actuar o no, fomenta las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con Artículo 19, se criminaliza la protesta social en la nueva ley de la Guardia Nacional (Foto: Archivo)
De acuerdo con Artículo 19, se criminaliza la protesta social en la nueva ley de la Guardia Nacional (Foto: Archivo)

"Cuando a través de una disposición normativa se pretenden limitar ciertas manifestaciones por considerarlas no legítimas o menos legítimas a priori, se estaría generando un mecanismo de censura previa, que impediría el ejercicio de la manifestación antes de su realización, imponiéndoles una carga descalificadora a su ejercicio", manifestó Artículo 19 en un comunicado.

Para la organización, resulta preocupante la referencia e interpretaciones que puedan recaer en el término "orden público" en el contexto de manifestaciones, ya que el ejercicio de una protesta no debe verse como un problema de "orden público", sino al ejercicio de derechos.

Finalmente, precisó que  la definición de "amenazas letales inminentes" en el artículo 7  no resulta claro  y se presta a interpretaciones arbitrarias. Algo peor ocurre con el artículo 15, donde se establece un listado de armas "incapacitantes menos letales", lo cual resulta alarmante ante la posibilidad de que se incluyan objetos que generen descargas eléctricas o un bastón PR-24.

Con información de EFE