Deudas heredadas por administraciones anteriores, son el lastre de los gobiernos estatales

Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila, los peores casos

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Quintana Roo es uno de los estados más endeudados. (EFE)
Quintana Roo es uno de los estados más endeudados. (EFE)

Las administraciones estatales actuales no pueden pensar en destinar grandes cantidades de recursos a la inversión pública, ya que deben saldar las deudas heredadas por los gobiernos antecesores.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el nivel de endeudamiento de los estados se ha reducido en los últimos años gracias al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, sin embargo, su deuda ha subido a causa del aumento de las tasas de interés, que pasaron de 5.5 por ciento en 2015 a 9.2 en promedio en 2018.

Cabe mencionar que esta alza en los intereses no está bajo el control de los gobiernos, pero debe ser un factor muy importante a tomar en cuenta, debido al impacto sobre las finanzas, especialmente en los casos de los estados con mayor deuda.

En estados como Nuevo León, el gasto a la inversión pública fue de mil 63 millones de pesos, mientras que lo referente a intereses y comisiones de deuda se pagaron 4 mil 168 millones de pesos.

Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. (Foto: AFP)
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. (Foto: AFP)

Los estados más significativos son Chihuahua, cuyo costo financiero de deuda en 2017 fue de 4 mil 271 millones de pesos; Quintana Roo y Coahuila con deudas de 2 mil 95 millones de pesos y 3 mil 375 millones de pesos, respectivamente.

Los puntos más álgidos de estas tres entidades fueron durante las administraciones de ex priistas. César Duarte, actualmente prófugo, en el caso de Chihuahua, Roberto Borge, actualmente preso, en Quintana Roo, y Humberto Moreira en Coahuila.

Un análisis de S&P Global Ratings explica que el problema entre el endeudamiento y la inversión en infraestructura se halla en la planeación, pues en muchos casos los proyectos no duran más que el periodo de la administración en turno y el 90 por ciento del gasto se ocupa en gastos operativos. Además, este análisis señala que algunas entidades tienen niveles de inversión tan bajos que ya no cuenta con margen para más recortes.

Así, destinar mayores recursos al servicio de deuda significa reducir la cantidad de dinero para programas sociales y obra pública, lo cual compromete el desarrollo de las entidades.

Kristobal Meléndez, coordinador de Cuentas Subnacionales del CIEP, precisa que los estados podrían hacer ajustes a su presupuesto o una reestructuración que baje la tasa de interés, no obstante, estos cambios deben considerar el presupuesto en pensiones, educación, salud, seguridad y combate a la pobreza.