El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit ordenó la suspensión del magistrado Jorge Ramón Marmolejo Corona, acusado por el presunto fraude contra al menos 60 mil beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
A través de un comunicado, el Poder Judicial del estado informó que se determinó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra dos magistrados involucrados en el caso.
Dicho procedimiento sólo tuvo efecto en Marmolejo Coronado porque el otro magistrado, Pedro Antonio Enríquez Soto, goza de una suspensión provisional otorgada por un juzgado de distrito, por lo que se mantendrá en funciones.
Con 13 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia estatal determinó la suspensión provisional del magistrado Marmolejo Coronado, quien tendrá garantizado el 30% de su sueldo hasta que se emita una resolución por parte de la autoridad jurisdiccional del caso en investigación.
El Pleno del tribunal convocó a una sesión el próximo 5 de febrero para la selección del magistrado supernumerario que suplirá en funciones a Marmolejo Coronado.
Fue en diciembre de 2018 cuando el Fiscal Petronilo Díaz Ponce, reveló un fraude ocurrido entre 2013 y 2019 contra al menos 60 mil beneficiarios del Infonavit, hecho en el que participaron dos magistrados y cuatro jueces estatales.
El presunto fraude consistió en una ejecución hipotecaria ilegal, donde desde un despacho particular se tramitaron juicios contra miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos, lo que derivó en sentencias para que la institución recuperara miles de casas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
El fiscal Díaz Ponce informó que en los últimos cinco años se llevaron a cabo estos juicios y que contaban con la complicidad de los magistrados y jueces, así como de un notario y un despacho de abogados.
En estos procesos, como las sentencias resultaban siempre a favor del Infonavit, los trabajadores perdían sus casas y luego éstas eran vendidas a 75% de su valor.
Los presuntos implicados son acusados de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.