La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó investigar la cadena de mando en el Caso Atenco

Las once mujeres víctimas de tortura sexual en los operativos de Atenco en 2006, exigieron se investigue a los altos mandos que participaron en las violaciones a sus derechos humanos, incluido el entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto

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Las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en los operativos de Atenco en 2006, exigieron se investigue a los altos funcionarios (Foto: Cortesía Cencos)
Las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en los operativos de Atenco en 2006, exigieron se investigue a los altos funcionarios (Foto: Cortesía Cencos)

"En México no se hizo nada hasta que realmente  nuestro caso llegó  al ojo de instancias internacionales y solamente así pudimos ver una respuesta, porque nos dijeron mentirosas, se nos pusieron muchas etiquetas", señaló  Patricia Romero, denunciante de tortura sexual en Atenco, en conferencia de prensa que ofrecieron  11  de las mujeres víctimas de este delito, por autoridades del Estado mexicano.

A casi 13 años de los operativos policiacos en el pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México, en donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes que se manifestaban en contra del proyecto para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco; la  Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó una sentencia favorable para las denunciantes de tortura sexual.

El dictamen de la Corte Interamericana consideró al Estado Mexicano responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibición de tortura; el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa; los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial; y el derecho a la integridad personal de los familiares de las once mujeres denunciantes, y dictó una serie de medidas reparatorias.

Después de casi 13 años  la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a derechos humanos en el Caso Atenco (Foto: Cortesía Cencos)
Después de casi 13 años  la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a derechos humanos en el Caso Atenco (Foto: Cortesía Cencos)

La resolución llega después de 12 años de sucedidos los hechos y luego de más de 10 años de litigio ante el Sistema Interamericano.

La reciente sentencia de la Corte, sobre el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra el Estado México, representa el triunfo de la dignidad y la verdad frente a un Estado que las denostó y les negó la justicia, señalaron hoy las sobrevivientes del hecho y las organizaciones acompañantes, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.

"Es sumamente relevante que estas once valientes mujeres hayan logrado sentar al Estado en el banquillo de una corte internacional y que éste les diera la razón", afirmaron las organizaciones acompañantes. "Esto demuestra que ellas siempre dijeron la verdad".

La corte también ordenó al gobierno de México que se investigue la cadena de mando, no solo a los policías que ejecutaron la tortura sexual y las violaciones a sus derechos humanos.

"Un grupo de funcionario estatales y federales que estuvieron en una reunión el 3 de mayo del 2006 , armaron y supervisaron el operativo para el día siguiente; están identificados en la propia investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participando el entonces gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, el secretario de gobernación en aquel momento Víctor  Humberto Benitez, el comisionado de seguridad estatal Wilfrido Robledo, y a nivel federal de Eduardo Medina Mora (entonces secretario de Seguridad Pública), Ardelio Vargas, y de otra serie de personas y nombre conocidos ya asociados con el caso", explicó la abogada Stephanie Brewer.

La sentencia fue dada a conocer el 21 de diciembre del año pasado  (Foto: Cortesía Cencos)
La sentencia fue dada a conocer el 21 de diciembre del año pasado  (Foto: Cortesía Cencos)

El 3 y 4 mayo del 2006, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador del estado mexiquense, se llevaron acabo operativos en la localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, el saldo de estos operativo violentos fue de 200 personas detenidas arbitrariamente, de las cuales 47 era mujeres y 37 de ellas denunciaron haber sido víctimas de tortura sexual por parte de los elementos policiacos, 11  interpusieron juicios para llevar ante la justicia a los responsables.

"La sentencia es muy importante para crear las condiciones de no repetición y que disminuyan las posibilidades de que alguien más pase por esto", consideró Claudia Hernández.

El nuevo Gobierno federal ha mostrado su beneplácito ante la sentencia; en ese sentido, consideraron las representantes legales de las mujeres, es necesario que para la materialización de su cumplimiento se preste especial atención a la realización de una investigación de los hechos que considere todos los niveles de responsabilidad y a que se realicen las reformas necesarias para que se evite el uso político de las policías contra el derecho a la manifestación y a la libre expresión.

"Buscamos el cumplimiento cabal de la sentencia, pero la más relevante es iniciar las investigaciones amplias y minuciosas para juzgar y sancionar a los responsables y sus superiores por tortura, tortura sexual y violación. No nos conformaremos con menos que esto", advirtió Bárbara Italia Méndez.

La sentencia contiene recomendaciones clave para la agenda estructural sobre derechos humanos que deben expresarse en políticas públicas. Una de ellas es la relativa a los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales. "Mientras en el Congreso se discute sobre la Guardia Nacional y la militarización, esta sentencia reafirma la importancia de democratizar a los cuerpos civiles de seguridad y de seguir para ello los estándares internacionales", afirmó el Centro Prodh.

El dictamen de la Corte es de carácter obligatorio para el gobierno de México (Foto: Cortesía Cencos)
El dictamen de la Corte es de carácter obligatorio para el gobierno de México (Foto: Cortesía Cencos)

Por su parte,  el Cejil remarcó que esta sentencia se suma a otras que advierten que se trata de un problema estructural y consideró que "van a ser importantes los estándares que de aquí se van a llevar a otros casos".

La Corte también ordena institucionalizar el mecanismo de la Segob para documentar e investigar casos de tortura sexual ,lo que representaría una oportunidad de verdad y justicia para decenas de mujeres sobrevivientes de esta generalizada violación a los derechos humanos, y la emisión de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales.

"Parecía inmenso el mensaje de terror y el daño que sembraron, pero de ese tamaño también fue la inmensa solidaridad que se levantó para exigir justicia. Hoy es necesario seguir denunciando la tortura sexual", señaló Norma Jiménez.

"El actual gobierno heredó un sistema de justicia devastado y una impunidad rampante que alcanza al 99% de los delitos denunciados. En ese sentido, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana es una oportunidad invaluable para señalar que se está siguiendo un camino diferente al de los anteriores sexenios", consideraron las organizaciones.