Guardia Nacional y prisión preventiva oficiosa, a debate en el período extraordinario de sesiones del Congreso

Las Cámaras de Diputados y Senadores vuelven a la actividad con un período extraordinario por delante, que se inicia el próximo 16 de enero, y una lista de pendientes que quedaron atorados en su período ordinario.

Los temas que el Congreso deberá desahogar en esa etapa extraordinaria de sesiones son dos: las reformas al artículo 19 de la Constitución, que establecerán la prisión preventiva oficiosa para una nueva lista de delitos, y la creación de la Guardia Nacional, de la que ya hay un dictamen y sobre la que habrá foros públicos a partir de esta semana.

La reforma constitucional para la integración de la Guardia Nacional ha sido polémica desde su presentación, pues los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil reclaman que este nuevo cuerpo de seguridad significa la militarización del país al estar conformado por las policías militar, naval y federal.

Aunque el partido Morena quiso aprobar su creación antes de terminar el año, tuvo que posponer la aprobación para un período extraordinario de sesiones, en busca de acuerdos que le permitan sumar los votos de más de dos terceras partes de los diputados.

Para agilizar su aprobación, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales trabajaron de manera coordinada con sus pares en el Senado, pero su mayor enemigo es el tiempo, pues la reforma, al ser constitucional, debe ser avalada por la mayoría de los congresos estatales.

La reforma al artículo 19 constitucional, a su vez, establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como abuso sexual contra menores, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados con corrupción.

También propone la prisión preventiva oficiosa para delitos como robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazan esta reforma, pues la consideran una regresión en el sistema de Justicia.

Especialistas han advertido que no abona a la reinserción social, la justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables para respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria.

A pesar de su mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, en los dos temas Morena enfrenta una fuerte oposición de otros partidos y de amplios sectores sociales, que no le facilitarán las cosas.

Otros pendientes para febrero

En la Cámara de Diputados también quedaron pendientes otros temas, que deberán esperar hasta febrero, cuando se inicia el próximo período ordinario de sesiones. Entre ellos:

Eliminación del fuero. Esta iniciativa pretende eliminar la inmunidad judicial para todos los servidores públicos. La reforma quedó atorada en el pleno debido a que Morena no consiguió el voto de dos terceras partes de los legisladores, por lo que la discusión de los artículos reservados deberá esperar a febrero.

Consulta popular y revocación de mandato. Tiene el propósito de regular la consulta popular para desligarla de las elecciones federales, como está establecida actualmente. Es una de las reformas que más importa al grupo mayoritario de Morena, ya que es uno de los mecanismos que utilizará el Gobierno federal para decidir sobre proyectos y temas importantes.

Ley de austeridad republicana. Esta legislación quiere dejar asentada la prohibición de destinar recursos públicos a gastos superfluos en la administración pública federal: como el pago de escoltas, viáticos, gasolina y grandes contratos de publicidad oficial. Quedó atorada en la Comisión de Presupuesto.

Reforma de justicia laboral. Al cierre del período ordinario que concluyó en diciembre pasado se presentó esta iniciativa avalada por la nueva Secretaría del Trabajo. La propuesta busca reformar la Ley Federal del Trabajo para obligar la transparencia y la democracia en los sindicatos, así como la creación de los tribunales laborales en los estados del país, en un plazo de tres años.

En el Senado también quedaron temas pendientes. Entre ellos:

Nombramiento del fiscal general de la República y del fiscal anticorrupción. Al quedar concluida la aprobación de la ley orgánica que convertirá la Procuraduría General de la República en Fiscalía General, ahora el Senado deberá enviar al presidente una lista con los nombres de diez candidatos a fiscales. El presidente, su vez, regresará una terna de la cual será elegido el próximo titular de la fiscalía. El fiscal anticorrupción, por su parte, deberá ser nombrado por el fiscal y ratificado por el Senado.

Legalización de la marihuana. Esta iniciativa fue presentada por la entonces senadora y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se previó que sería aprobada antes de que concluyera 2018, pero quedó atorada su discusión.

Nombramientos de dos subgobernadores del Banco de México. El Senado debe recibir del presidente Andrés Manuel López Obrador los nombres de los candidatos que sustituirán a Roberto del Cueto y a Manuel Ramos Francia para su ratificación por el Congreso.

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